Esta organización agraria ha solicitado, a su vez, "la dotación presupuestaria necesaria para ejecutarla, claridad sobre beneficiarios y superficies, un calendario público de pagos y un trato igualitario respecto a otros sectores que sí han recibido ayudas extraordinarias".
Así lo ha reclamado la organización tras conocer que en una respuesta parlamentaria el Gobierno afirma que “no es posible allegar los recursos necesarios”, admitiendo que los Presupuestos de 2023 no contemplaban esta partida y que, al estar prorrogados, no puede activarse.
En concreto, el Ejecutivo central apunta en su respuesta que "la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario ha previsto un supuesto que no viene asociado a una dotación presupuestaria; según el artículo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los presupuestos del ejercicio anterior están prorrogados".
Este hecho -a su juicio- determina que, encontrándose el corriente ejercicio en prórroga presupuestaria, "el montante de fondos disponibles para atender las necesidades departamentales es el inicialmente aprobado para 2023, en el que no se contenía una partida específica para sufragar tales ayudas: no es posible en la actualidad allegar los recursos necesarios para hacer frente a esta nueva disposición".
No obstante, según añade, "se debe tener en cuenta que, de haber sido posible, requeriría, en su caso, de una autorización previa de la Comisión Europea en la normativa correspondiente a las ayudas de Estado".
Desde Asaja han subrayado que "no puede dejarse sin cumplir una ley diseñada precisamente para proteger a los agricultores profesionales más vulnerables" y ha advertido de que el olivar y el viñedo de secano "no pueden convertirse en las víctimas colaterales de la falta de presupuestos".
"Esta decisión injusta agrava la situación de miles de explotaciones profesionales", ha señalado la organización, al tiempo que ha recordado que "otros sectores -arroz, frutales, frutos secos, tomate de industria y herbáceos- sí han recibido ayudas extraordinarias por sequía o por el impacto de la guerra en Ucrania. No hay justificación posible para que olivar y viñedo queden fuera de una ayuda que está escrita en una ley, diseñada para amortiguar la caída de cosecha, el incremento de costes y la pérdida de margen".
"La falta de aplicación de una ayuda que la propia ley establece como concesión directa, integrada en la Política Agraria Común (PAC) y sin necesidad de solicitud previa, está generando una inseguridad jurídica insostenible para miles de agricultores profesionales, que tenían derecho a confiar en que la norma se cumpliría. Este retraso aboca a las explotaciones de secano a una incertidumbre absoluta, dificulta cualquier planificación -desde inversiones hasta podas, tratamientos o contratación de personal- y aumenta el riesgo real de abandono de explotaciones en zonas rurales especialmente vulnerables", ha concluido.
