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Organizaciones pertenecientes a la cadena de valor del envase han solicitado tres medidas técnicas para que sean tomadas en consideración en la última fase de tramitación legislativa del Reglamento de Envases y Residuos de Envases, que comenzó ayer. Estas 16 entidades representan a sectores del gran consumo, sector primario, industria alimentaria, distribución comercial, cosmética, productos de limpieza, restauración e industrias del envase.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que se modifican diversos reales decretos para clarificar la aplicación en España de la nueva Política Agrícola Común (PAC), a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Las modificaciones se realizan a partir de la experiencia adquirida en el primer año de vigencia de la nueva PAC -que entró en vigor el 1 de enero de 2023- y están relacionadas con aspectos de índole técnica.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado en el Consejo Consultivo de Política para Asuntos Comunitarios que confía en que durante la presidencia española se pueda cerrar la negociación sobre la modificación del reglamento sobre las indicaciones geográficas protegidas.

El año arranca con una serie de novedades legislativas vinculadas al sector agroalimentario que se encuentran en proceso de desarrollo y deberían llegar a "buen puerto" durante 2023, según AINIA. Estas iniciativas abordarán cuestiones tales como el desperdicio alimentario y su prevención; los contaminantes en alimentos y sus límites máximos; el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos; los controles oficiales en el ámbito de la cadena alimentaria; los coadyuvantes tecnológicos utilizados en los procesos de elaboración y obtención de alimentos destinados al consumo humano; o la utilización voluntaria del sistema de etiquetado nutricional frontal en los alimentos.

Los agricultores y ganaderos españoles podrán acogerse a deducciones en el rendimiento neto del Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF) por la adquisición de gasóleo agrícola y fertilizantes, como medida excepcional para paliar los efectos del encarecimiento de los costes de producción, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) mantiene abierta una consulta pública previa sobre la aprobación de un Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites vegetales comestibles. A través de esta iniciativa recabará la opinión de los actores y las organizaciones más representativas acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la norma, la necesidad y oportunidad de su aprobación, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció ayer en el Senado que el Gobierno trabaja en una norma para facilitar la elaboración de ciertos aceites vegetales en España que ahora no se pueden producir, caso de los de avellana o nuez, entre otros. En concreto, Planas precisó que saldrá a consulta pública antes de que finalice el año y que, al tratarse de una norma de impacto comunitario, tendrá que ser trasladada a la Comisión Europea.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado el procedimiento de consulta pública del proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el registro de contratos alimentarios y del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

A lo largo del pasado año, CAAE, como entidad de control y certificación autorizada para operar en distintas Comunidades Autónomas de España y en el ámbito internacional, ha conseguido la autorización de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para poder certificar bajo el nuevo reglamento de producción ecológica -que entró en vigor el pasado 1 de enero-, por lo que los operadores no sufrirán ningún tipo de demora en la emisión de sus certificados y en los trámites que precisen a partir de ese momento.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto para promover la igualdad de las mujeres en las explotaciones agrarias y concederá ayudas para contribuir al pago de parte de las cuotas de la seguridad social a las mujeres que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida.

El proceso de renovación y conversión de la antigua reglamentación de aceites vegetales para su transformación en una moderna norma de calidad ha sido uno de los principales temas tratados durante la última asamblea general de socios de la Asociación Nacional de Empresas para el Fomento de Oleaginosas Nacional, su Extracción y Refino (AFOEX), que ha tenido lugar en Madrid en formato híbrido.

ICEX España Exportación e Inversiones ha publicado un documento que tiene como objetivo facilitar una visión general de los requisitos que establece la normativa federal en Estados Unidos, de obligado cumplimiento en todo el país, para la importación de aceite de oliva.

El consumidor obtendrá más información de los productos alimentarios gracias a diversas iniciativas legislativas que verán la luz en los próximos años. Según Jose María Ferrer, jefe del Departamento de Derecho Alimentario de AINIA, "el consumidor podrá acceder a los alimentos con la información necesaria para efectuar una compra perfectamente informada".

La Comisión Europea (CE) ha puesto en marcha una consulta pública sobre su futuro Plan de Acción sobre Agricultura Ecológica. Bruselas estima prioritario garantizar que este sector disponga de los instrumentos adecuados y de un marco legal consensuado y eficiente, claves para lograr el objetivo de destinar un 25% de las tierras agrícolas a la agricultura ecológica.

La Junta de Andalucía, bajo la coordinación de la Consejería de Salud y Familias y la colaboración de las consejerías de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha mantenido recientemente una reunión con representantes del sector agroalimentario para consensuar una normativa específica ante el inminente inicio de las campañas de recolección en el campo andaluz, previa a su aprobación por el Consejo de Gobierno.