Por ello, las actuaciones impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en los últimos años no pueden entenderse como medidas aisladas, sino como parte de una visión más amplia: reforzar la calidad, la transparencia, la sostenibilidad y la proyección internacional de uno de los grandes símbolos de nuestra alimentación.
En este sentido, para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cultivo de olivar es una prioridad y ha estado siempre en el centro del diseño de las políticas agrarias, por lo que se lleva a cabo una constante interlocución tanto con las organizaciones representativas del sector, como con las administraciones regionales.
El compromiso con este sector y su rentabilidad, en el Ministerio, es claro, recibiendo apoyo mediante ayudas directas como son la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad, la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores, o los pagos percibidos a través de los ecorregímenes. También a través de medidas de apoyo a la innovación y el desarrollo rural, como el apoyo a grupos operativos de ámbito supra-autonómico para proyectos de innovación AEI-Agri u otras iniciativas, así como de los fondos Next Generation y otras líneas específicas contenidas en la hoja de ruta del olivar.
De forma particular y por primera vez, ante a los desafíos más acusados en los olivares tradicionales, donde los obstáculos climatológicos, como las sequías, la fragmentación de las explotaciones o las dificultades derivadas de la orografía, son factores que limitan la competitividad, el sector del olivar cuenta en este periodo de programación con una ayuda dirigida al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental, con una asignación financiera de 27,5 millones de euros anuales.
Ante posibles distorsiones del mercado, el sector dispone de la Orden APA/1192/2025, de 27 de octubre, que establece la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/2026 (en aplicación del Real Decreto 84/2021, por el que se establecen las normas básicas para la aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del parlamento europeo y del consejo, de 17 de diciembre de 2013, regulador de las normas de comercialización del aceite de oliva), que aunque finalmente no se llegara a aplicar de forma efectiva en dicha campaña, al no darse las condiciones, continua siendo un mecanismo a disposición del sector en futuras campañas.
Sin olvidar el resto iniciativas que forman parte de la red de apoyo a la renta de este cultivo como son los apoyos y medidas fundamentales orientadas a facilitar la estabilidad de las rentas de los sectores agrarios en situaciones coyunturales adversas (como las ayudas excepcionales por subidas de costes o el sistema nacional de seguros agrarios) o la aplicación de la ley de la cadena, cuyo objetivo final es garantizar precios justos.
Todas ellas, son instrumentos que ponemos a disposición del sector para avanzar hacia un modelo más competitivo y sostenible.
Conscientes de que la diversificación de destinos de nuestras exportaciones y la promoción de nuestros productos son elementos clave para consolidar nuestra posición como líderes mundiales en la comercialización de aceite de oliva, debemos seguir apostando por la calidad, para seguir posicionando a nuestro aceite en los mercados internacionales como un producto de excelencia e indudables beneficios para la salud. Tanto en los mercados mayoritarios tradicionales -como Estados Unidos-, como en aquellos de alto potencial futuro -como los países del Mercosur-, que ofrecen oportunidades de expansión del consumo de nuestro aceite, que actualmente representa únicamente el 2% de las grasas vegetales consumidas a nivel mundial.
Este enfoque encaja plenamente con la Estrategia Nacional de Alimentación, que plantea una mirada integrada sobre el sistema alimentario, desde la producción hasta el consumo, y con el Plan Internacional de la Gastronomía, orientado a consolidar a España como referente mundial por la excelencia de sus alimentos, la fortaleza de su cocina y la singularidad de su cultura gastronómica. En ese marco, el aceite de oliva es una pieza estratégica: por su valor económico, por su peso territorial, por su dimensión saludable y por su capacidad para contar al mundo quiénes somos.
El aceite de oliva ocupa un lugar privilegiado en la Dieta Mediterránea, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. No es casualidad. Es la principal fuente de grasa de este modelo alimentario y uno de sus elementos más reconocibles, junto con las frutas, las hortalizas, las legumbres, el pescado, los cereales y una manera de vivir vinculada al territorio, a la convivencia y al equilibrio. En un contexto global en el que la alimentación se relaciona cada vez más con la salud pública, la sostenibilidad y la identidad cultural, el aceite de oliva se sitúa en el centro de un relato de enorme potencia.
Pero el consumidor actual ya no se conforma con una calidad declarada de forma genérica. Quiere garantías. Quiere saber de dónde procede el producto, cómo se ha elaborado, qué controles ha superado y qué compromiso ambiental hay detrás. Y ahí es donde el sector se juega su credibilidad, pero también donde España tiene una enorme ventaja competitiva si es capaz de seguir haciendo bien las cosas.
La aprobación, en 2021, de la norma de calidad del aceite de oliva y de orujo de oliva supuso un punto de inflexión. Por primera vez, el sector contó con una regulación específica, diferenciada de la del resto de aceites vegetales, que puso el foco en la trazabilidad integral, en la transparencia y en la protección de las categorías comerciales. Fue una decisión relevante, porque permitió elevar el estándar de control y ordenar mejor un producto que, precisamente por su prestigio y valor, necesita reglas claras.
Dentro de esa norma, la creación del sistema informatizado REMOA ha sido una de las actuaciones más importantes. Este sistema permite seguir el rastro del aceite desde la aceituna hasta el consumidor final, aportando información, control y seguridad a todos los eslabones de la cadena. La trazabilidad deja así de ser una declaración de intenciones para convertirse en una herramienta real de garantía. En un mercado global, donde la confianza es tan importante como la calidad sensorial, este tipo de instrumentos son decisivos.
También han sido relevantes otras medidas incorporadas en la norma, como la prohibición de mezclas de aceite de oliva con otros aceites, el fin de los envases rellenables en hostelería o la reserva estricta de denominaciones como “virgen” y “virgen extra”. Son actuaciones que pueden parecer técnicas, pero que tienen una enorme importancia simbólica y económica: dignifican el producto, evitan confusiones, protegen al consumidor y refuerzan el prestigio de quienes hacen las cosas bien.
Sin embargo, legislar no es suficiente. También hay que revisar, ajustar y perfeccionar. Cinco años después, la propuesta de modificación de la norma prevista para 2026 demuestra madurez institucional. No se trata de empezar de nuevo, sino de mejorar lo que ya funciona, corrigiendo disfunciones y reforzando la eficacia del sistema. La mejora en la gestión de importaciones, el cierre de los llamados “movimientos abiertos” en el sistema de trazabilidad o la integración de la documentación analítica son decisiones técnicas, pero imprescindibles para reforzar la seguridad jurídica, facilitar los controles y consolidar la transparencia sin aumentar innecesariamente la carga burocrática.
Ese es precisamente el enfoque que debe guiar las políticas públicas alimentarias: combinar ambición y realismo, exigencia y simplificación, control y competitividad. La calidad no se defiende solo con grandes declaraciones, sino con sistemas que funcionen, con normas comprensibles, con controles eficaces y con una administración capaz de acompañar al sector en sus desafíos.
En paralelo, el aceite de oliva ecológico se ha consolidado como una de las grandes fortalezas del sector español. España lidera este ámbito a escala mundial, con un crecimiento sostenido que refleja la confianza de productores, almazaras, envasadoras y consumidores. Con más de 284.000 hectáreas en 2024, y con Comunidades como Andalucía a la cabeza, el olivar ecológico aporta valor añadido, fortalece la imagen de España como país productor de alimentos sostenibles y responde a una demanda internacional cada vez más consciente.
Lejos de ser un nicho, el aceite de oliva ecológico representa una oportunidad estratégica. Integra calidad, sostenibilidad, diferenciación y reputación. Además, encaja con una visión moderna de la alimentación, en la que el consumidor no solo valora el sabor o el precio, sino también el impacto ambiental, el origen y la coherencia del modelo productivo. En ese sentido, el olivar ecológico es una herramienta de futuro para reforzar el liderazgo español y para proyectar una imagen de país comprometido con una producción más sostenible y con mayor valor añadido.
La Estrategia Nacional de Alimentación ofrece el marco adecuado para ordenar todas estas prioridades. El aceite de oliva permite conectar producción agraria, industria alimentaria, salud, sostenibilidad, territorio, innovación, comercio exterior y cultura gastronómica. Es decir, permite explicar de manera muy clara que la alimentación no es solo una cuestión sectorial, sino una política de país. Y pocas producciones representan mejor esa idea que el aceite de oliva, presente en el campo, en la mesa, en la cocina, en la investigación, en la exportación y en la imagen internacional de España.
El Plan Internacional de la Gastronomía refuerza esta misma visión hacia el exterior. La gastronomía española no puede entenderse sin sus productos, y el aceite de oliva es uno de sus grandes embajadores. Está en nuestras recetas, en nuestros restaurantes, en nuestra dieta, en nuestra manera de cocinar y en nuestra forma de compartir la mesa. Por eso, impulsar su reconocimiento internacional no es solo apoyar a un sector productivo, sino fortalecer la Marca España desde uno de sus elementos más auténticos y reconocibles.
El aceite de oliva español se enfrenta ahora a un doble desafío: mantener su posición de liderazgo global y adaptarse a una demanda cada vez más exigente. La calidad ya no es opcional; es la condición mínima. La trazabilidad ya no es un valor añadido; es una obligación. Y la sostenibilidad, especialmente en el ámbito ecológico, ya no es una tendencia; es una expectativa.
Por ello, las actuaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia normativa, de control, trazabilidad, promoción y sostenibilidad deben interpretarse como parte de una misma estrategia: proteger el valor del aceite de oliva español y prepararlo para competir mejor en el mundo. No basta con producir mucho. Hay que producir bien, explicarlo mejor y garantizar que cada botella responda a los estándares de excelencia que el consumidor espera de España.
Defender el aceite de oliva es, en el fondo, defender un modelo de producción y de vida. Un modelo que combina tradición e innovación, arraigo territorial y proyección internacional, sabor y salud, cultura y economía. Si España sigue avanzando en esta dirección -reforzando la normativa, apostando por la transparencia, apoyando el crecimiento del olivar ecológico y situando el aceite de oliva en el centro de su relato gastronómico internacional- no solo mantendrá su liderazgo, sino que lo convertirá en un referente global de calidad, sostenibilidad y excelencia alimentaria.
Porque el aceite de oliva no es solo un producto. Es patrimonio, es identidad, es salud, es territorio y es futuro. Y por eso hay que cuidarlo, mejorarlo y, sobre todo, valorarlo en toda su dimensión.
