Según ha señalado la entidad, en estos días se están notificando las primeras sanciones “calificadas como graves y de muy elevados importes e improcedentes, con las que AICA pretende forzar el cambio de un contrato que cumple los requisitos establecidos en la Ley 12/2013 de medidas de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y que lleva años contribuyendo a un correcto funcionamiento del sector del aceite de oliva”.
A su juicio, la mayor fortaleza del sector industrial fabricante de aceite de oliva ha sido dejar a la libre elección de sus agricultores el plazo de pago de la aceituna entregada. “Esta circunstancia ha beneficiado los intereses del agricultor que, con total libertad, ha decidido cuando ha querido cobrar sus aceitunas, computando el plazo de 30 días, al que obliga la normativa, desde el momento en que el agricultor manifiesta interés por liquidar su producto, que puede ser en el momento que hace entrega del mismo o no”, ha precisado la asociación.
“Tras cuatro campañas en las que se ha venido utilizando un modelo de contrato alimentario en el que se recogía esta circunstancia y que fue consensuado entre almazaras y agricultores con el beneplácito de AICA, repentinamente la agencia se muestra contraria al mismo debido a un cambio en la interpretación de la normativa que aplica e intransigente en la búsqueda de alternativas propuestas por parte de AFE y Asaja-Córdoba”, ha añadido, al tiempo que ha considerado que “ello conlleva que el uso del modelo de contrato utilizado hasta la fecha de forma pacífica por todos los operadores del mercado, y que ha sido revisado y validado en infinidad de ocasiones por los inspectores de la propia AICA, ahora no vale”.
La asociación ha explicado que la AICA quiere que las almazaras industriales paguen a 30 días desde la entrega de la aceituna, lo que supondría, debido a la estacionalidad de la producción, que “en el mes de febrero o marzo de cada campaña olivarera, un tercio de la producción de aceite de oliva se pondría a disposición del mercado, pues las almazaras se verían obligadas a vender para poder pagar a los agricultores”. “Es evidente que ello, provocaría el hundimiento del precio del aceite de oliva y que los agricultores serían los primeros perjudicados con estos cambios de política de comercialización del aceite”, ha lamentado.
Almazaras Federadas de España ha asegurado que este cambio de criterio por parte de la AICA se adopta en un momento “ya de por si delicado para el sector, coincidiendo con la reciente modificación de la Ley de la Cadena, que plantea un nuevo reto a las almazaras industriales, pues la obligación de incluir expresamente en el contrato alimentario los costes de producción del agricultor, vender el producto por encima de los mismos y todo ello en menos de 30 días desde la entrega de aceituna, puede llegara a ser tarea imposible”.
En este sentido, ha solicitado una interpretación “inteligente y coherente” de la normativa, que “nos permita seguir comprando aceitunas a agricultores procedentes de sus explotaciones olivareras y pagarlas cuando el agricultor libremente lo decida. De esta forma, podremos seguir produciendo aceite de oliva virgen de calidad al amparo de la ley”.
