Hoy, previa citación se ha celebrado la reunión por parte del Director General de Industrias Agrarias del Ministerio y de la directora de la Agencia de Informacion y Control Alimentarios en la Subdelegacion del Gobierno de Jaén.
Tras una breve intervención del Director General exponiendo el nuevo decreto sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria, ha pasado la palabra a la directora de la AICA, para abundar en el funcionamiento de dicha ley.
En el turno de intervenciones ha pedido la palabra el presidente de Infaoliva-Jaén, el cual ha planteado las siguientes preguntas:
- Cómo es posible que la ley de la cadena obligue a las almazaras industriales en contra de la voluntad del agricultor a vender y liquidar su aceituna a los 30 días de la recogida o en el caso del aceite a los 60 días.
Esta práctica va en contra del libre mercado, ya que los agricultores, siempre los más afectados, no podrán vender y liquidar sus cosechas cuando quieran, según sus criterios y necesidades, sino que el Estado, mediante ley les obliga a cobrar en las fechas que fija la administración.
- Asimismo y a la intervención de la Directora General de la AICA relativa a que todas las sanciones impuestas serán publicadas en la página de la AICA, el presidente ha preguntado por la Ley de protección de datos, la cual desde esta organización creemos que se vulnera totalmente.
- Asimismo se ha preguntado, por la fijación de los costos de los agricultores, como comienzo de la cadena de valor, quién fija esos costos y cómo se controlan.
Como consecuencia de esta ley, los agricultores de las zonas menos productivas son los de mayores costos en recogida, al tener menos rendimiento sus parcelas, lo cual implicaría que cualquiera de los eslabones de la cadena, compraría aceite antes a los olivares más productivos que a los menos, una vez más se legisla a espaldas de los más débiles de la cadena, los agricultores con más dificultades.
Siendo el final, el encarecimiento del producto al consumidor final, porque todos tienen que ir (por ley) repercutiendo sus costos hasta el final.
- Se le ha indicado a la administración el grave problema que crea el tener por ley que vender a los 30/60 días, ya que se pone un aceite en el mercado que de otra forma saldría de forma escalonada y no por imperativo legal, sino según la voluntad del agricultor.
- Se ha vuelto a insistir en que se vulnera la libertad de la parte más débil obligándole a vender, no por voluntad sino por imperativo.
Tras una serie de respuestas, y repreguntas, por parte de alguien de la propia administración, ha pedido al Pte. de Infaoliva que dejase de preguntar, ya que el tema no interesaba, cosa que ha sido desmentida por parte de algunos representantes de agricultores presentes en la sala.
Tras volver a retirarle la palabra al Pte. de Infaoliva, tanto el cómo los demás miembros de la organización han tomado la determinación de abandonar la reunión y marcharse.
Ante estos hechos, Infaoliva quiere informar a la opinión pública:
- Una vez la legislación va en contra del olivarero con mayores costos, y que serán los más perjudicados.
- Que la obligatoriedad por parte del agricultor de vender a los 30/60 días rompe totalmente la estabilidad del mercado, y lo regulará siempre a la baja, ya que, en los primeros meses del año, se pondrán más recursos de los que este es capaz de absorber.
- Que por parte de la administración nos parece, y así se ha constatado, un mero parche que no solo no beneficia a nadie, sino que lo perjudica.
Cabe recordar que las almazaras industriales en España, representan el 40% del colectivo y el 35% del aceite que se produce en España.
Este aceite saldrá, distorsionando el mercado en los primeros meses de campaña.
Este decreto puede afectar a un colectivo de en torno de 250.000 olivareros, que por regla general son unos de los más vulnerables dentro del colectivo total.
Una vez mas la administración legisla en contra del sector y en este caso del eslabón más débil.
Ante estos despropósitos, desde Infaoliva se va a estar siempre de parte del agricultor y se recurrirá cualquier sanción que se imponga de forma que no se vulnere la libertad del agricultor.
