El encuentro contó con la presencia del presidente de Infaoliva, Jesús Santolaya; su vicepresidente, Manuel Alfonso Torres; su secretario general, Enrique Delgado; su secretaria general adjunta, Ana Martínez; y el abogado José Luis Palma, del despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo.
En cuanto a la Ley 12/2013 de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la cadena alimentaria, se recordaron sus preceptos básicos y sus modificaciones, concretamente la publicada el pasado febrero y que posteriormente fue asumida en su totalidad y derogada por la Ley 8/2020, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, en la que se recoge, entre otros asuntos, la obligatoriedad de establecer un contrato alimentario entre cosechero y almazara, y la indicación en el mismo que el precio pactado cubre los costes efectivos de producción, según informó la federación.
Asimismo, se informó a las almazaras de la sentencia favorable, "y en la que Infaoliva ha sido parte indispensable para su logro", que recoge que el pago al cosechero se ha de realizar en un máximo de 30 días desde que se transfiere la propiedad del producto a la almazara, para lo cual será necesario que el agricultor comunique fehacientemente y por escrito su intención de realizar dicha transmisión.
Otro punto tratado fue el Real Decreto que regula la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado cuando las condiciones de éste así lo justifiquen, estableciéndose normas de comercialización para regular la oferta para mejorar la estabilidad y funcionamiento del mercado del aceite de oliva para una campaña determinada.
En cuanto al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva, Infaoliva preció que, junto con Asoliva, Anierac y ANEO, ha presentado nuevamente un escrito de alegaciones, en pro de los intereses del sector.
En relación a este proyecto de norma, se expuso a los asistentes los principales logros obtenidos tras las alegaciones presentadas a anteriores versiones de la norma, como por ejemplo la eliminación de la prohibición de envasar en PET el aceite de oliva virgen extra, o la eliminación de la obligatoriedad de separar las instalaciones de almazaras, extractoras y refinerías. "Estas redacciones podrían haber sido excepcionales y muy lesivas para el sector", destacó.
