Planas expresó la voluntad del Gobierno de dialogar con las Comunidades Autónomas y los representantes del sector agrario para recoger sus aportaciones y dar respuesta a las necesidades planteadas, siempre en el marco de los reglamentos comunitarios de la PAC.
El Ministro recalcó que su Departamento trabaja para lograr la mejor PAC posible para todos, a través del diálogo y el consenso.
Según subrayó, Andalucía va a jugar un papel destacado en esta negociación, dada la fortaleza y variedad de sus producciones, que suponen en torno al 25 % de la producción de la rama agraria y el 32 % del valor añadido.
En el encuentro, los dirigentes de las organizaciones pidieron al Ministro que retire el Real Decreto de transición 41/2021, “que no mantiene la convergencia paulatina de las ayudas establecida en la reforma de la PAC 2014-2020, que continúa en vigor hasta que no se negocie y se apruebe la nueva reforma”.
A su juicio, la convergencia “brusca” para los años 2021 y 2022 fijada en este Real Decreto “es tremendamente dañina para Andalucía”. En concreto, según precisaron, de los 232.000 agricultores y ganaderos andaluces que reciben ayudas de la PAC en la actualidad, 80.000 perderán, al menos, un 10% en dos años. Además, la mitad de ellos, unos 40.000, sufrirán mermas de entre el 20% y el 50%.
Por otro lado, el Real Decreto 41/2021 supone la antesala de la reforma que comenzará a aplicarse a partir de 2023, todavía en fase de negociación, “en la que se pasará de las 50 regiones actuales, reconocidas en la reforma 2014-2020 (por la gran diversidad agrícola y ganadera de España y de Andalucía) a las 5 ó 7 que prevé el Ministerio, que impulsa un modelo de tasa plana que persigue eliminar los derechos nominativos de los agricultores y permitir la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido”, según explicaron.
En su opinión, “se trata de un cambio brusco, no exigido en estos términos por la Comisión Europea, y que en el peor de los escenarios puede conllevar pérdidas de hasta el 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente (entre pago básico y pago verde) los más de 232.000 perceptores de Andalucía. Sin olvidar que entre 54.000 y 120.000 de esos perceptores pueden quedar fuera del sistema de ayudas”.
“Las pérdidas afectan en mayor medida a aquellos profesionales que más han invertido -en regadío, tecnología, maquinaria, mejora de explotaciones y/o formación- y que son los que han generado unos derechos más altos”, precisaron.
Además, señalaron que todos estos desajustes se producen en un contexto en el que siguen sin solución la mayor parte de los problemas que hace ahora un año llevaron al sector agrario a las carreteras. En este sentido, denunciaron que “siguen sin contar con las medidas que les permitan reducir sus costes, con los precios de sus producciones por los suelos y soportando la especulación y la falta de equilibrio de la cadena agroalimentaria así como la competencia desleal derivada de la entrada de productos de terceros países sin ningún control. Y, además, sufriendo, cada vez con mayor frecuencia, ataques continuos e injustificados hacia su actividad”.
De cara a la nueva PAC de 2023, reclamaron al Ministerio de Agricultura que respete el modelo actual, con el mayor número de regiones posible (lo que refleja nuestra diversidad productiva); que evite la eliminación de derechos; que reformule la redacción de la definición de agricultor genuino, para evitar la expulsión de muchos agricultores y ganaderos del campo; y que adecúe los nuevos eco-esquemas a la realidad productiva para frenar una mayor pérdida de renta de los agricultores y ganaderos.
