El documento recoge una serie de peticiones de flexibilización y simplificación del PEPAC, por ejemplo, respecto a eco-regímenes como el de las cubiertas vegetales, "de difícil cumplimiento en plena sequía, o las unidades de ganado mayor (UGM) en el caso de la ganadería extensiva, también comprometidas con el déficit hídrico". Al respecto, Carmen Crespo ha explicado que “se trata de peticiones lógicas y más que necesarias para una tierra como la nuestra, que se encuentra especialmente afectada por la sequía”.
La consejera ha puesto en valor que, “pese a las grandes dificultades que suponía acogerse al nuevo modelo de eco-regímenes que establecía la nueva PAC, los agricultores andaluces han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a éstos”. De hecho, según ha explicado, “Andalucía ha superado la media nacional de acogimiento a este nuevo sistema”, tanto es así que “prácticamente el 85% de los agricultores y ganaderos de esta tierra se han acogido a alguno de estos modelos, con el fin de no poner en riesgo unas ayudas que son fundamentales para el desarrollo de nuestro campo”.
Sin embargo, según Crespo, “ello no quita que, tras un año de aplicación, no sigamos reivindicando una cuestión lógica y necesaria como es dotar de una mayor flexibilización y simplificación a este modelo de eco-regímenes para que sean viables para el presente y el futuro de nuestra agricultura. Y eso es lo que pretenden estas alegaciones que hemos consensuado entre todos”.
Otra de las alegaciones que han firmado las organizaciones agrarias, Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía y la Consejería ha sido la relativa a la petición de que se respete que “cualquiera que se dedique a la actividad agraria se considere un agricultor activo”. Crespo ha subrayado que “uno de cada tres perceptores españoles de la PAC es andaluz y no podemos permitir que ocurra, como ha sucedido con la nueva PAC, que ningún agricultor salga del sistema”.
La petición de eliminar la obligatoriedad de poner en marcha el cuaderno digital agrario, hasta que no lo exija la Unión Europea, forma parte de otra de las alegaciones. En este sentido, la consejera de Agricultura andaluza ha explicado que “se trata de más burocracia para el sector, más obstáculos para nuestros agricultores”.
Carmen Crespo ha criticado las pérdidas que está suponiendo la nueva PAC para Andalucía y ha lamentado que “no nos pasaran, como pedimos desde el principio, los informes de impacto”. La consejera ha recordado que “el PEPAC podría haber sido mucho menos lesivo para Andalucía, como demuestra el informe elaborado por la Universidad de Córdoba, que constata que organizando las regiones productivas de otra manera se habrían evitado pérdidas económicas en las ayudas”.
Acciones reivindicativas
Respecto a las movilizaciones, la consejera ha avanzado su “absoluto apoyo al sector agrario ante las manifestaciones que tienen previstas en los próximos días” y ha incidido en que “las autoridades comunitarias tienen que entender que tiene que haber un equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la rentabilidad de los sectores agrícola y ganadero”. Crespo ha explicado que “no se puede estar peleando desde aquí siempre por legislaciones, como la Ley para la Restauración de la Naturaleza o el Reglamento de Fitosanitarios muy lesivos para los intereses del sector”.
Crespo ha recalcado que “los agricultores andaluces piden igualdad y respeto porque si hay importaciones de terceros países a la Unión Europea, éstas tienen que tener las mismas condiciones que las de los productores europeos porque si no, además de suponer nuevas trabas para nuestros agricultores, estamos engañando a los consumidores”.
En este sentido, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han retomado la unidad de acción y el proceso de movilizaciones "ante la grave crisis que afecta al sector agrario, la falta de respuesta por parte de las administraciones y la imposición de unas políticas agrarias que están asfixiando a los agricultores y ganaderos andaluces".
Por ello, el próximo 14 de febrero arranca de nuevo un proceso de movilizaciones que tuvo su última acción de protesta el pasado mes de septiembre ante el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE que se celebró en Córdoba. En esta ocasión, se han convocado sendas manifestaciones y cortes de carretera en las provincias de Sevilla y Jaén, que se suman a las convocadas en el resto del país, reclamando un "ambicioso" plan de choque que recoja medidas por parte de las Comunidades Autónomas, el Gobierno de España y la Unión Europea.
Concretamente, las organizaciones agrarias y cooperativas han organizado cortes de tráfico simultáneos en el norte y en el sur de Andalucía, en la autovía la A4, a su paso por la provincia de Jaén, y en la provincia de Sevilla.
El calendario de movilizaciones continuará el día 22 de febrero en la provincia de Cádiz, donde también se llevarán a cabo cortes de las principales vías de comunicación, tanto de la A4 como de la Autovía Jerez-Los Barrios.
También en Cádiz se ha organizado una movilización que provocará el bloqueo del Puerto de Algeciras, uno de los principales puntos de entrada al mercado europeo de productos agroalimentarios importados de países extra comunitarios, que "suponen competencia desleal y un peligro para la salud por la falta de control y seguridad alimentaria", según han asegurado estas organizaciones.
