Al respecto, Crespo trasladó al Gobierno central su petición de que aumente de ocho a doce el número de eco-esquemas propuestos desde el Ministerio para toda España, al considerar que esta cifra es insuficiente para atender la diversidad agrosistémica del territorio nacional y andaluz.
La consejera indicó que Andalucía, donde existe una firme unión del Gobierno autonómico y los representantes del sector agrario (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias), apuesta por establecer al menos menos una docena de este tipo de regiones, porque una cifra inferior supondría el establecimiento de una tasa plana encubierta que conllevaría trasvase de fondos entre productores y una reducción de la competitividad del sector que más empleo genera en Andalucía.
“Hemos explicado al Ministro que nuestros agricultores y ganaderos necesitan verse reflejados en esos eco-esquemas porque si no puede convertirse en un coste de producción adicional. Hemos propuesto una ampliación de los eco-esquemas en regadío y en secano. Vamos a continuar negociando la mejor PAC posible para nuestros agricultores y ganaderos para el periodo 2023-27, porque no merecen ninguna penalización”, ha señalado Crespo.
Tras dos horas reunión, según explicó la titular de Agricultura, el Ministro se comprometió a estudiar el posible encaje de la propuesta andaluza en el Plan Estratégico Nacional, "sin descartar nada".
En cuanto a los diferentes tipos de suelo para aplicar los eco-esquemas, la responsable de Agricultura consideró "incongruente" que se plantee establecer dos eco-esquemas de pastos y tan solo uno para cultivos de regadíos. En concreto, Crespo mostró su temor de que esta situación puede desembocar en una reducción de las ayudas que reciben algunas de las comarcas más competitivas de Andalucía al igualarse a la baja la aportación económica europea de todos los cultivos de regadío.
Por su parte, Planas subrayó que el enfoque del Ministerio ha sido integrador, de manera que sea posible reflejar todas las realidades de la agricultura española sin exclusiones. Todo ello, según precisó, considerando el peso de la agricultura andaluza en el conjunto del sector en España y teniendo en cuenta el marco normativo en el que se desenvuelve la elaboración del Plan, establecido por el Reglamento comunitario y las recomendaciones que la Comisión Europea hizo públicas para cada Estado Miembro en diciembre de 2020.
El Ministro trasladó a la consejera que los eco-esquemas, tal y como están concebidos en el Reglamento, deben destinarse a medidas que tengan una clara finalidad ambiental y que su importe debe calcularse de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. A este último respecto, aseguró que no cabe la posibilidad de vincular dichos importes a regiones que no respondan a una finalidad claramente ambiental, según dispone el reglamento y reiteran las directrices de la Comisión.
