Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se prevé que genere un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos. A esta cantidad será necesario añadir los efectos positivos sobre el conjunto de la economía derivados de la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio, las nuevas oportunidades laborales generadas por las actuaciones ligadas al PERTE, así como los ahorros generados en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha contextualizado este PERTE dentro de la estrategia global de la política del Gobierno con relación al sector agroalimentario y ha destacado que junto a la Política Agraria Común (PAC), el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura suman más de 50.000 millones y suponen “la cifra de inyección de fondos públicos más alta que se haya producido jamás en el sector”.
Con este PERTE se pretende fomentar el empleo de calidad del sector agroalimentario -sobre todo en el medio rural, donde el tejido empresarial agroalimentario tiene mayor presencia-, fortalecer su competitividad y rentabilidad –con medidas enfocadas a la automatización de procesos, sensorización de procesos o sistemas de aprovisionamiento sostenibles-, así como la vertebración del medio rural –este PERTE tendrá efecto arrastre por su capacidad para desarrollar su actividad en zonas lejanas a núcleos urbanos, atrayendo empleo y servicios colaterales (transporte y restauración), y actuará como generador socioeconómico del entorno rural-.
Ejes prioritarios de actuación
Este PERTE se basa en un paquete de apoyo específico para la industria agroalimentaria, con el objetivo de mejorar sus procesos de producción, vinculados con su competitividad, sostenibilidad y trazabilidad de la producción de alimentos, que contará con una dotación de 400 millones de euros. La principal medida, gestionada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, impulsará proyectos tractores que mejoren la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad de la industria alimentaria
También se llevarán a cabo medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital y que se extienda a todos los agentes que forman parte de su cadena de valor (agricultores y ganaderos y sus cooperativas, pequeñas y medianas empresas de producción, transformación y comercialización). Este eje contará con 454,35 millones de euros. Para las pequeñas empresas y microempresas agroalimentarias, así como para autónomos, el Ministerio se ha referido al Programa Kit Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del que se podrían beneficiar con unos 275 millones de euros con el objetivo de que digitalicen sus procesos o pongan en marcha una tienda en línea.
Desde el MAPA, con las miras puestas en agricultores y ganaderos, el desarrollo del Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX) pretende avanzar en la digitalización del cuaderno de campo para simplificar su relación con la administración, datos que podrán utilizar para mejorar su gestión empresarial.
A su vez, se pondrán en marcha medidas específicas de apoyo a la innovación y la investigaciónpara lograr un sector agroalimentario competitivo en todos los eslabones, lo que contará con 148,56 millones de euros. Una de las líneas de I+D+i que se realizará de la mano de las Comunidades Autónomas, permitirá avanzar, a través de varios proyectos prioritarios de agroalimentación y de las ciencias del mar, en productividad, competitividad, sostenibilidad y calidad.
Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) han valorado positivamente las líneas de inversión del PERTE para el sector agroalimentario, aunque han considerado "insuficiente" la dotación económica prevista para la industria.
“Creemos que, dado el peso de la industria española de alimentos y bebidas en la economía española, la cuantía asignada es insuficiente para transformar el sector”, ha afirmado Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, quien confía en que el PERTE, en lo relativo a la industria, se vea complementado con una línea de ayudas directas que permitan esa definitiva transformación.
Digitalización
El Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de acciones de transferencia de conocimientos e información y adquisición de competencias en digitalización, y para el asesoramiento, gestión y sustitución. Estas ayudas están destinadas al sector agroalimentario con algo más de tres millones de euros de fondos para 2022 y 2023.
La finalidad de estas subvenciones es fomentar la formación continua no reglada de los y las profesionales del sector agroalimentario, de manera que mejoren sus competencias digitales, especialmente las personas dedicadas al asesoramiento de explotaciones, cuyo papel para la transición digital del sector es clave.
La convocatoria, que se abrirá inminentemente, busca que cualquier profesional de cualquier rincón de España pueda tener acceso a formación de calidad en materia de digitalización. El marco normativo recoge cinco tipos de ayudas distintas, todas con el eje central de la digitalización y sinérgicas unas con otras: formación no reglada y adquisición de competencias, apoyo a actividades demostrativas, prestación del servicio de asesoramiento en digitalización, establecimiento por primera vez del servicio de asesoramiento en digitalización y formación de asesores en digitalización.
Las entidades que pueden solicitar las ayudas deben ser de ámbito nacional, del sector agroalimentario y elevada representatividad, como organizaciones profesionales agrarias de carácter general, confederaciones intersectoriales que tengan como asociadas a entidades de economía social del sector agroalimentario, así como otras organizaciones profesionales independientes que tengan vinculación con el sector agroalimentario.
Las ayudas serán monetarias en forma de subvención, con financiación del 100% de los gastos subvencionables.
