Estados Unidos y la Unión Europea han acordado que el "plazo prudencial" para implementar las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias en esta disputa expirará el 14 de enero de 2023, según detalla la comunicación de la OMC.
Cabe recordar que el informe final de la OMC concluye que los aranceles aplicados por EEUU a las importaciones de aceitunas negras de España son contrarios a las normas del propio organismo. Dicho informe dictamina "inconsistencias" en esta materia y, por tanto, insta a eliminar la imposición de gravámenes contra la aceituna negra española como medidas antidumping y anti-subvención.
Estados Unidos decidió imponer aranceles del 35% a las aceitunas negras procedentes de España desde el 1 de agosto de 2018 tras considerar que las ayudas que recibía el sector de la Política Agraria Común (PAC) eran ilegales y que la importación procedente de España causaba un daño importante al sector californiano de la aceituna de mesa.
Tras este anuncio, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) ha considerado que los seis meses "es el plazo razonable acordado entre Washington y Bruselas para que la Administración norteamericana implemente las recomendaciones y mandatos de la OMC contenidos en el informe del Panel de Investigación, pero en absoluto significa la eliminación de los aranceles toda vez que EEUU considera que puede implementar dichas recomendaciones y mandatos sin poner fin a los aranceles, sino subsanando los errores y deficiencias de sus investigaciones iniciales".
De hecho, Asemesa ha asegurado que tiene constancia de que EEUU ha reabierto inmediatamente las investigaciones iniciales de 2017 y 2018 para recabar más información del Gobierno de España y de las empresas objeto de investigación con el objetivo de justificar con nuevos argumentos y datos el arancel compensatorio de las subvenciones y subsanar los errores y deficiencias que le ha indicado la OMC.
Según ha explicado, aun en el caso de que la OMC no aceptara las medidas que implemente EEUU dentro del plazo establecido y le exigiera finalmente eliminar el arancel, ello solo afectaría a la parte del gravamen que tiene que ver con las subvenciones de la PAC (15%) y no al arancel total del 35%. Además, "estamos convencidos de que EEUU volvería a utilizar todas las artimañas posibles para mantener el arancel y dar lugar a una nueva negociación y dilatación del proceso", ha afirmado.
Por tanto, "el acuerdo consensuado sobre este plazo no solo no significa la eliminación de los aranceles sino nuevas investigaciones y más carga de trabajo, más coste y más incertidumbre para el sector", ha aseverado.
Asemesa ha reiterado en numerosas ocasiones el alto coste que este arancel ha supuesto para las empresas exportadoras españolas (las pérdidas ascienden a 170 millones de euros), "sin que hasta el momento el sector haya recibido ayudas compensatorias ni de la UE ni del Gobierno de España con la salvedad de un aporte limitado del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la defensa jurídica, una cantidad que está muy lejos de compensar los 8,5 millones de euros que sólo en abogados lleva gastados esta asociación, a los que habrá que sumar los gastos de este nuevo procedimiento”.
Por ello, el secretario general de la asocaición, Antonio de Mora, ha vuelto a pedir a todas las Administraciones ayuda económica para compensar tanto las pérdidas de las empresas como los gastos de defensa.
