Según ha apuntado Crespo, las pérdidas alcanzarán un 7% en la zona de Alcalá la Real (2 millones de euros) a pesar de que “los agricultores lo han hecho bien y que otras zonas no pierden fondos”.
La titular de Agricultura ha recordado que “Andalucía ha sido la primera Comunidad Autónoma de España que ha pedido flexibilidad con el fin de que la aplicación de la PAC en 2023 no se convierta en un coste adicional que desincentive el desarrollo de las prácticas medioambientales por parte de los agricultores y ganaderos”.
Crespo ha solicitado al Gobierno central que “haga caso a quienes están en el terreno y saben bien lo que ocurre en el campo, llegue a la flexibilidad total y deje más tiempo para adaptarse a los eco-regímenes”, cuya entrada en vigor coincide con “un momento difícil de inflación, altos costes de producción y sequía”.
La consejera se ha mostrado a favor de “apoyar a un olivar rentable” y ha destacado el carácter ambiental y social de esta cultivo, que contribuye a la conservación del medio ambiente y “al mantenimiento del mundo rural”.
Al respecto, ha comentado que las alegaciones presentadas desde Andalucía, “por unanimidad con las cooperativas y las organizaciones agrarias”, se incluía una cuestión “sentido común” como designar el olivar como “eco-esquema per se”. “Es decir, que los olivareros, especialmente aquellos con fincas en terrenos con más dificultades, no tuviesen que llevar a cabo nuevas prácticas medioambientales, sino que cumplieran con los requisitos de la nueva PAC con las medidas que ya vienen poniendo en práctica dirigidas por el greening”, ha explicado Crespo, quien ha apuntado que, desgraciadamente, “no ha sido posible”.
Asimismo, la responsable de Agricultura en Andalucía ha puesto el acento también en la vertiente económica de las explotaciones olivareras y ha remarcado que es necesario que “salgan los números” para que los agricultores “puedan salir adelante”.
Unión frente a la sequía
Por otro lado, Crespo se ha referido a la situación de escasez de recursos hídricos que sufre Andalucía actualmente y ha recalcado que “el Gobierno andaluz está decidido a trabajar” para mejorar la resiliencia de este territorio ante la sequía. A modo de ejemplo de actuaciones ya puestas en marcha por la Junta, la consejera se ha referido al Plan de Soluciones y Obras frente a la Sequía (Plan S.O.S) que impulsa su Departamento y a los dos Decretos de Sequía aprobados por el Ejecutivo andaluz con medidas por valor de 141 millones de euros.
Además, ha solicitado “que todas las administraciones arrimen el hombro contra la sequía” y ha pedido al Gobierno nacional que apruebe un nuevo Decreto de Sequía para la cuenca del Guadalquivir, que concentra el 67% del territorio de Andalucía y actualmente cuenta únicamente con una planificación de este tipo cuyo presupuesto asciende a 9,6 millones de euros. “Creo que es el momento de adaptarse a las circunstancias en el Guadalquivir y hacer un nuevo decreto de sequía por parte del Estado”, ha recalcado.
A modo de conclusión, la consejera ha querido dar “un mensaje de optimismo” subrayando que las actuaciones que se llevan a cabo ahora “quedarán para el futuro”. “Vendrán más sequías y más dificultades de costes y las medidas que impulsemos ahora redundarán en el beneficio presente y en el futuro de nuestros jóvenes agricultores”, ha aseverado.
