Durante el debate de convalidación, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado, que, además de estas ayudas, el Gobierno mantiene las gestiones con la Comisión Europea para desencadenar la reserva de crisis y contar con un apoyo presupuestario adicional, así como elevar la cuantía de los anticipos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y lograr más flexibilidad a la hora de aplicar esta política comunitaria.
Planas ha detallado que, para conseguir una mayor eficacia, las medidas de apoyo a los sectores agrarios se han articulado en tres grandes bloques. Así, se ha aprobado un incremento extraordinario y excepcional de las subvenciones a los titulares del seguro agrario, por un importe estimado de 40,5 millones de euros. Por lo tanto, se incrementa la ayuda hasta llegar al 70 % del coste de las pólizas ya contratadas, incluida la ayuda autonómica, el máximo que permite la normativa europea.
Además, está prevista la concesión de ayudas directas, por una cuantía total de 276,7 millones de euros, para los sectores agrícolas más perjudicados por la situación de sequía.
De igual forma, el Gobierno busca reforzar la solvencia empresarial y el acceso al crédito, con una dotación de 23 millones de euros adicionales para fortalecer la línea de financiación ICO-MAPA-SAECA y subvencionar el coste de los correspondientes avales.
En un segundo bloque, el ministro se ha referido a las medidas de carácter fiscal de apoyo al sector primario, entre las que se incluyen tanto una exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las explotaciones afectadas, como del Impuesto de Sociedades en relación con las ayudas de los eco-regímenes de la nueva PAC.
Y un tercer bloque destinado a flexibilizar determinados aspectos de aplicación de la PAC, como la ampliación del plazo para solicitar las ayudas hasta el 30 de junio de 2023 y con la reducción, en 2023 y 2024, de la frecuencia de remisión de información de los cuadernos digitales de explotación.
Planas ha puesto en valor este paquete de medidas, que también contempla medidas socio-laborales, como, por ejemplo, el aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social o la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, de la medida excepcional de reducción a 10 del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura.
Medidas hidrológicas
Por otro lado, el ministro ha señalado que este Real Decreto-ley incluye también una serie de medidas hidrológicas de carácter estructural para hacer frente a la situación de sequía. En este punto, ha recordado que el Gobierno de España ha ido aumentando paulatinamente la dotación presupuestaria de las obras hidráulicas, que en el periodo 2023-2027 contarán con un presupuesto de 22.000 millones de euros, de los que 10.000 millones son de inversión directa del Estado.
En concreto, ha detallado que el Real Decreto-ley prevé actuaciones en cuatro ámbitos: se modifica la ley de aguas, para dar mayor impulso a la reutilización; se articulan medidas de acompañamiento a los sectores afectados, en especial a los regantes (rebaja del canon); el impulso de la construcción de importantes infraestructuras; y la declaración de interés general del Estado de la actuación de mejora del abastecimiento de Matalascañas, para que estas obras sean acometidas por la Administración General del Estado.
El ministro ha apuntado que se van a destinar unos 1.400 millones de euros para financiar estas actuaciones, con las que se quiere no solo afrontar la situación de sequía, “sino también aumentar la disponibilidad de agua en los territorios que más lo necesitan”.
