En el marco de la reunión, el Gobierno trasladó a las empresas la voluntad de ayudarlas en la mejora de su competitividad y su proceso de internacionalización.
En concreto, en este encuentro se hizo balance con los sectores de la aplicación de aranceles en los últimos cuatro meses, desde la puesta en marcha del Plan de Respuesta. Los ministros se interesaron en conocer de primera mano los efectos directos e indirectos que están teniendo y que prevén tener las empresas exportadoras españolas para poder seguir acompañándolas a través de potenciales nuevas medidas a incluir en el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial.
Asimismo, trasladaron a los representantes de los sectores alimentarios afectados por los aranceles que el Gobierno va a continuar defendiendo los intereses de las empresas españolas y les acompañará de forma eficiente ante las implicaciones del acuerdo, en el marco del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial.
Tanto Planas como Cuerpo subrayaron la importancia del desarrollo de los acuerdos con terceros países, de los que es un buen ejemplo Mercosur, y de un comercio internacional basado en reglas que asegura la estabilidad en los flujos comerciales.
Medidas compensatorias
Desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) reiteraron que este pacto es un “acuerdo negativo” para los agricultores y ganaderos europeos, "que vuelven a ser la moneda de cambio en negociaciones internacionales donde otros sectores salen favorecidos". La organización agraria reclamó que, mientras no se apruebe el Reglamento definitivo, se tengan en cuenta a los sectores más sensibles tanto en este como en futuros acuerdos comerciales.
Asaja reclamó que la Comisión Europea, competente en materia de acuerdos comerciales, establezca un paquete de ayudas compensatorias que mitigue las distorsiones de mercado y las pérdidas derivadas de este acuerdo. Asimismo, instó al Gobierno de España a poner en marcha ayudas de Estado específicas para agricultores y ganaderos, siguiendo el ejemplo de otros países europeos como Polonia, que durante el conflicto entre Rusia y Ucrania aplicó ayudas.
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) consideró que el acuerdo alcanzado el pasado 21 de agosto entre la Unión Europea y Estados Unidos supone "una cesión unilateral a los intereses estadounidenses que deja al sector agrario español y europeo en clara desventaja".
Esta organización solicitó al Gobierno rechazo a los términos del acuerdo, en el proceso de negociación para el desarrollo de los textos legislativos que deben abordar Parlamento Europeo, Consejo y Comisión; la publicación "inmediata" de un estudio detallado sobre los efectos del acuerdo en el sector agrario europeo; la protección de estándares; y prioridad agrícola en la política comercial.
A su vez, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano, aseguró que “lo firmado -aranceles del 15% para nuestras exportaciones al país americano y arancel cero para sus importaciones a Europa- no es ni un acuerdo, es un texto con reglas nada ventajosas para el sector agrario europeo y español”. Además desde UPA subrayaron que tras este acuerdo se han roto las reglas del comercio internacional y un sector estratégico como es el agrario necesita un escenario de “relaciones comerciales justas a nivel mundial”.
La organización defendió en la reunión que se pongan en marcha medidas compensatorias, a nivel europeo, nacional y autonómico, especialmente destinadas a las explotaciones más vulnerables, las familiares, “que somos las que pagamos el pato de cualquier mala negociación”, precisó Cano. “La letra pequeña nos preocupa igualmente, y lucharemos para que en el periodo que ahora se abre el Gobierno de España logre mejoras de estas normas comerciales para proteger al sector”, añadió.
Finalmente, Unión de Uniones pidió que Luis Planas y Carlos Cuerpo elaboren ya los informes de impacto real del acuerdo sobre los sectores productores agrarios españoles y que se reforme en profundidad el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, "que actualmente olvida por completo a los productores".
También reclamó que todas las herramientas del Gobierno y del Estado se activen para exigir en las instituciones europeas con toda la firmeza que se respete el principio de reciprocidad de las normas regulatorias en los acuerdos comerciales, sin concesiones a productos de terceros países por debajo de los estándares europeos.
