El director general de la Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández Pardo, ha destacado que “el objetivo es avanzar con rigor técnico para que las almazaras puedan contar con una solución viable, segura y ajustada a criterios agronómicos y ambientales”.
Según la Generalitat, actualmente, la normativa estatal permite el uso agrícola de compost de alperujo, alperujo desecado y efluentes de almazara, pero no contempla la aplicación directa del alperujo húmedo o fresco en las parcelas agrarias.
Por ello, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca trabaja junto al IVIA para reforzar la base técnica que permita defender ante el MAPA una modificación normativa adaptada a la realidad productiva de la Comunitadad Valenciana y facilitar prácticas de economía circular en el sector oleícola.
La Comunidad Valenciana cuenta con 138 almazaras, de las cuales alrededor de un centenar son de base cooperativa y pequeña dimensión. En un año climatológicamente normal, estas instalaciones procesan entre 100.000 y 120.000 toneladas de aceituna y generan un volumen similar de alperujo, cuya gestión supone en muchas ocasiones un coste añadido para las entidades productoras, según datos del Gobierno regional.
Reducir costes y aprovechar recursos
Fernández Pardo ha señalado que “el alperujo no debe verse únicamente como un residuo, sino como un recurso con valor agronómico que puede volver al suelo del que procede, siempre con garantías técnicas y ambientales”.
El director general de la Industria y Cadena Agroalimentaria ha subrayado que habilitar su aplicación directa en campo, bajo protocolos adecuados, permitiría reducir los costes de gestión que soportan muchas almazaras, facilitar una salida eficiente a este subproducto y reforzar la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas.
“Queremos que la economía circular sea útil para el sector. Eso significa buscar soluciones que reduzcan costes, aprovechen recursos propios y mantengan todas las garantías para los suelos, los cultivos y el medio ambiente”, ha afirmado.
Una propuesta con garantías
La Generalitat quiere avanzar en una propuesta basada en criterios científicos, con especial atención a la prevención de posibles riesgos de fitotoxicidad, la protección de suelos y aguas y la definición de condiciones adecuadas de aplicación.
En este sentido, Fernández Pardo ha insistido en que “no se trata de improvisar, sino de trabajar con el IVIA para disponer de datos sólidos que permitan plantear al Ministerio una regulación más adaptada a la realidad del olivar valenciano”.
Según ha concluido, esta línea de trabajo puede beneficiar especialmente a las pequeñas almazaras y cooperativas, que en muchos casos deben asumir costes elevados para retirar, compostar o tratar estos materiales.
