Las nuevas normas tienen como objetivo mejorar los controles llevados a cabo por los Estados Miembros para garantizar la aplicación de la legislación comunitaria en materia de seguridad de los alimentos y de los piensos, la salud y el bienestar de los animales, la salud vegetal y los productos fitosanitarios. También se aplicará a los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) para la elaboración de alimentos y piensos, la agricultura ecológica y las DOPs. Además, las normas de comercialización de los productos agrícolas se cubrirán respecto a posibles prácticas fraudulentas, según informó el Consejo en un comunicado.
"Las nuevas normas ayudarán a combatir el fraude alimentario y los escándalos, aumentando así la confianza de los consumidores. Queremos que nuestros ciudadanos confíen en nuestros regímenes de control y estén tranquilos con la calidad de los productos", destacó Gabriela Matečná, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Eslovaquia y presidenta del Consejo.
El nuevo sistema de controles oficiales simplifica y racionaliza el marco jurídico existente; y establece un conjunto único de normas de control aplicables a la mayoría de los sectores de la cadena agroalimentaria, incluyendo por primera vez la sanidad vegetal.
Además, según precisó el Consejo, garantiza una aplicación uniforme en todos los sectores, pero permite ajustes teniendo en cuenta las necesidades específicas de sectores individuales o si se identifican nuevos riesgos.
Menos fraudes y escándalos
Asimismo, el Consejo señaló que las autoridades de los Estados Miembros encargadas de controlar el cumplimiento de la legislación de la UE mediante controles oficiales reforzarán los instrumentos con los que cuentan para prevenir el fraude alimentario y los escándalos. Por ejemplo, podrán realizar controles oficiales periódicos sin previo aviso e imponer sanciones financieras disuasorias.
Para garantizar la coherencia y la eficiencia de los recursos, la labor de las autoridades nacionales competentes se llevará a cabo de acuerdo a los planes nacionales de control plurianuales y en base a los riesgos. En este sentido, se aplicará un mayor control a las empresas y los productos de acuerdo con el nivel de riesgo, evitando así controles innecesarios y cargas administrativas.
Por primera vez, las nuevas normas obligan a los Estados Miembros a velar por que existan mecanismos eficaces que permitan notificar las infracciones potenciales o reales del reglamento, en particular, la protección adecuada de las personas que denuncien tales infracciones.
Por otro lado, el texto acordado exige que las autoridades competentes garanticen un alto nivel de transparencia en cuanto a los controles que lleven a cabo.
El Parlamento Europeo votará este texto en segunda lectura en una próxima sesión plenaria; y posteriormente se publicará en el Diario Oficial de la UE.
