Con ello, a su juicio, se evitaría que los países de destino puedan imponer protocolos de exportación diferenciados por país y por producto, lo que implica anular de facto un acuerdo firmado y eliminar la reciprocidad del mismo.
En un comunicado, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha alertado de los efectos negativos del acuerdo si no se minimizan las condiciones que demandan los países de Mercosur en el sector agrícola y ha realizado un llamamiento para que el acuerdo sea equilibrado, evite que el sector agrario sea moneda de cambio a favor de otros intereses económicos, y que las importaciones de estos países cumplan con el modelo productivo de la UE.
Según datos de la organización, la UE tiene una balanza comercial positiva con Mercosur -exportamos más que importamos-, casi 3.000 millones de euros en 2018. Además, la UE exporta más de 22.000 millones de euros en servicios, y sus inversiones han pasado de 130.200 millones de euros en el año 2000 a 381.000 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento de casi el 200%.
Sin embargo, según ha destacado, los países de Mercosur son una potencia productiva y exportadora agraria mundial. A la UE exportan productos agroalimentarios por valor de 18.200 millones de euros y solamente importan unos 2.200 millones de euros, existe por tanto un déficit comercial agrario de 16.000 millones de euros.
El sector agrario es clave para alcanzar un acuerdo comercial con Mercosur y muchos productos europeos, especialmente los españoles, pueden verse gravemente afectados, en su opinión, si se aumentan las concesiones que ya disfrutan estos países. Actualmente, Brasil y Argentina ocupan el segundo y quinto puesto, respectivamente, como exportadores agrarios a la UE, y un mayor acceso para ellos supone sacrificar una vez más al sector agrario europeo en beneficio de otros sectores económicos.
Cooperativas Agro-alimentarias de España también ha mostrado su prepcupación por las condiciones sanitarias y fitosanitarias y el control de las producciones procedentes de estos países, "cuyas exigencias son mucho menos estrictas en materia medioambiental, laboral, sanitaria y fitosanitaria, permitiéndose sustancias a nivel productivo que en la UE están prohibidas".
Las inquietudes del sector agrario han sido trasladadas por los presidentes de la República de Irlanda, Francia, Bélgica y Polonia al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en la Cumbre de la UE que se celebra en Bruselas.
