Las tres entidades han denunciado las "graves" restricciones que puede conllevar la propuesta de Ley para la actividad agraria, como por ejemplo la imposibilidad de modernizar o cambiar la orientación productiva de las plantaciones de olivares de aquellas parcelas que tuvieran individuos catalogados como monumentales, así como la imposibilidad de realizar podas severas para rejuvenecimiento de los olivares monumentales, para mejorar la fructificación.
Otros problemas son, a su juicio, la asunción exclusiva, por parte de los agricultores del sobrecoste y lucro cesante del mantenimiento de los olivares monumentales. Aunque la proposición de Ley considera estos olivares un patrimonio ambiental, agrario, cultural, social, histórico y económico de Cataluña a proteger, incluso imponiendo sanciones desorbitadas por sus incumplimientos, creen que no propone ninguna medida de apoyo directo a la agricultura afectada.
Ante el temor de que la proposición de Ley tenga el efecto contrario que pretende, es decir, el abandono de estos olivares milenarios por parte de los agricultores que los han mantenido a lo largo de los años, las tres entidades decidieron trabajar conjuntamente para poder adecuar el objetivo de proteger los olivos monumentales a la realidad del sector agrario.
En este sentido, las principales enmiendas presentadas pretenden, en primer lugar, acotar el ámbito de aplicación de la proposición de Ley, sólo a los olivos milenarios. Una proposición que se diferencia de la inicial, donde prácticamente se puede proteger cualquier olivo, independientemente de su edad, sólo porque se considere que tiene un interés paisajístico o cultural.
En segundo lugar, se pide la articulación de una ayuda para la agricultura que las mantenga y que cubra los sobrecostes y lucro cesante que causan a la explotación. Por tanto, se reclama que haya una contraprestación económica a la agricultura afectada por esta Ley. No es aceptable, en su opinión, una Ley que dice que los olivares monumentales son patrimonio de Cataluña (más de 7 millones de habitantes), pero que los que deben cubrir los costes de mantenerlos sea menos del 1% de la población activa de Cataluña, los agricultores.
Por este motivo, han solicitado que los 34.000 millones de euros del presupuesto de la Generalitat de Cataluña (2017) se pueda destinar un mínimo de 1,2 millones de euros (un 0,0035% del presupuesto de la Generalitat) a los agricultores que tendrán la obligación de mantenerlos. "No se puede pretender proteger un patrimonio de Cataluña, de tanto valor, según proclama la proposición de Ley, sin dinero", han aseverado.
En tercer lugar, no entienden que en la proposición de Ley no se cuente ni con el Departamento de Agricultura ni con los representantes de los agricultores como miembros de la Comisión Técnica encargados de decidir aspectos como opinar respecto a la metodología utilizada para catalogar las olivos monumentales, así como sobre la inclusión de los olivos y olivares monumentales indicados; validar los informes recibidos de los funcionarios; y sugerir formas integradas de protección y mejora del patrimonio ambiental. También han reclamado la participación del Departamento de Agricultura en la elaboración de la ficha de olivos monumentales y su listado.
Finalmente, han solicitado una reducción de las multas previstas en la proposición de Ley en caso de sanción, por ser "abusivas y desorbitadas". La proposición de Ley indica, por ejemplo, que una poda severa o un arranque de estos olivos monumentales, puede llegar a suponer una multa de hasta 500.000 euros. "Si tienen tanto valor para Cataluña, estos olivos a proteger, no se entiende que la proposición de Ley no destine ningún recurso para su protección efectiva", han concluido.
