En concreto, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha pedido que la aceituna de mesa sea incluida en la agenda de las reuniones que el próximo 15 de junio mantendrá en Bruselas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la delegación de Estados Unidos encabezada por el presidente Joe Biden y en la que también estará presente el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack.
La petición también ha sido remitida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con la solicitud expresa de que impulse decididamente ante la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la Comisión la resolución del conflicto de la aceituna de mesa.
La organización ha recordado que esta situación se viene arrastrando desde que la Administración estadounidense acusó a la industria española de llevar a cabo prácticas de dumping y percibir subvenciones ilegales para favorecer su competitividad. Como consecuencia, a mediados de 2018 se impusieron a las importaciones de aceituna negra española unos aranceles medios del 35% sobre el valor del producto.
Según ha subrayado, el sector de aceituna de mesa es netamente exportador, con empresas muy dinámicas que han conseguido posicionar sus producciones en 150 países de todo el mundo, siendo Estados Unidos el principal destino de sus exportaciones y el de mayor valor. Desde la imposición de los aranceles, el comercio con EEUU se ha reducido en un 65%, pasando de 30.145 toneladas en 2017 a apenas una tercera parte, 10.537 toneladas en 2020.
A su juicio, "esta desventaja de la aceituna española está siendo aprovechada, paradójicamente, por otros países productores, incluida Grecia, poniendo de manifiesto la falta de entidad única de la UE ante el exterior, y sin que se hayan beneficiado de la medida las empresas estadounidenses, como era su propósito".
Paralelamente, Cooperativas ha indicado que se ha producido un incremento de las importaciones en España para que los operadores puedan continuar atendiendo a los clientes estadounidenses, con el importante riesgo de que se produzca una deslocalización paulatina de empresas españolas hacia estos países.
Asimismo, la organización ha señalado que la estrategia utilizada por Estados Unidos cuestiona las ayudas comunitarias percibidas por el sector agrario en su conjunto a través de la Política Agraria Común (PAC), determinando que son ilegales. Esta consideración, en su opinión, supone una amenaza global para el sistema europeo de ayudas y abre una brecha para futuras reclamaciones de otros sectores agroalimentarios de EEUU que "puedan verse afectados por importaciones comunitarias, con el único objetivo de desplazar a sus competidores europeos".
Igualmente, ha reclamado a la Ministra que "revierta la situación actual de ausencia total de información sobre el estado de las negociaciones y traslade al sector de forma ágil el resultado de las conversaciones para corregir el estado de incertidumbre actual que perjudica de forma extrema las relaciones comerciales entre empresas, siendo más perjudicial cuanto más perdure esta situación en el tiempo".
