El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentó ayer al Consejo de Ministros el informe sobre el estado de situación de la Política Agraria Común (PAC), cuyas nuevas reglas se aplicarán en España a partir del 1 de enero de 2023. Entre ellas, se establece una intervención sectorial para el olivar tradicional, específicamente destinada a mejorar su rentabilidad, cuya asignación financiera será de 30 millones de euros anuales.
El ministro ha detallado algunos de sus aspectos más significativos de esta PAC que distribuirá las ayudas directas de manera más equitativa y eficiente tras el acuerdo alcanzado a nivel comunitario en Luxemburgo el pasado 28 de junio y tras la decisión adoptada, a nivel nacional, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado 14 de julio.
“Esta PAC será más justa, más social y más sostenible”, aseguró el ministro. Una política agraria con un fuerte componente medioambiental, puesto que más del 40 % de su presupuesto se destinarán a medidas encaminadas a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio ambiente. El ministro ha precisado, no obstante, que tiene en cuenta la necesaria rentabilidad de las explotaciones, cuya actividad es esencial para preservar el tejido económico del medio rural y lograr mantener la población y el talento joven en los pueblos. Incorpora medidas para afianzar la incorporación de la mujer a la actividad agraria. España ha logrado incorporar, por primera vez, la perspectiva de género como uno de los objetivos específicos en la PAC.
Según el MAPA, la próxima PAC supondrá un marco regulatorio estable para un sector estratégico del Gobierno, como lo es el agroalimentario, que en 20 años ha triplicado sus exportaciones y que ya supone algo más de una quinta parte del total, con 54.000 millones de euros en 2020. Además, “es un sector clave para asegurar el mantenimiento de la población en el medio rural, contribuyendo positivamente al reto demográfico, con una actividad en la que la innovación y el uso de nuevas tecnologías marcarán su futuro más inmediato”.
Asimismo, contará con medidas para apoyar la mejora de la rentabilidad del sector y potenciar su competitividad, con medidas encaminadas para impulsar el relevo generacional, la igualdad de género, la innovación, la digitalización para asegurar la adaptación de la agricultura y ganadería españolas a las nuevas demandas sociales.
Ayudas al olivar tradicional
En esta nueva PAC, las ayudas pesarán mucho más sobre las explotaciones de los sectores menos competitivos, como por ejemplo las explotaciones cerealistas de secano, ayudando a su mantenimiento en el territorio. El importe por hectárea de la ayuda básica a la renta se diferenciará por regiones. El modelo de regionalización se establecerá a partir de la simplificación del modelo actual con un máximo de 20 regiones, en las 19 que se diferenciarán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes.
En este sentido, se establecerá una intervención sectorial para el olivar tradicional -a través de organizaciones de productores (0,62%)-, específicamente destinada a mejorar su rentabilidad, cuya asignación financiera será de 30 millones de euros anuales.
Plan estratégico, ecoesquemas y dimensión social
Antes de la entrada en vigor el 1 de enero de 2023, los Estados miembros tienen que presentar a la Comisión Europea (CE) para su aprobación, un plan estratégico, que constituye una de las principales novedades de esta PAC, ya que los países definirán cómo aplicarla en sus territorios para adaptarla a su diversidad agronómica, que en España es muy amplia, desde producciones continentales de la cornisa cantábrica hasta los cultivos subtropicales de Andalucía o Canarias.
Para ello, el ministerio presentó el 14 de julio a las comunidades autónomas un documento que servirá de base para la elaboración del plan estratégico, que se completará con la definición de los ecoesquemas o prácticas voluntarias que contribuyen favorablemente al clima y al medio ambiente, por cuya realización, agricultores y ganaderos recibirán un pago en remuneración por llevarlas a cabo.
España presentará, antes del 30 de diciembre de 2021, su plan estratégico a la CE, en el que la dimensión social será una de las principales novedades. Para el pago de las ayudas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas y condiciones laborales. Además habrá un techo máximo de ayudas (capping), fijado en 100.000 euros por beneficiario, una reducción progresiva (degresvidad) a partir de los 60.000 euros, con la posibilidad de tener en cuenta los costes salariales a la hora de aplicar estas reducciones y un pago redistributivo que beneficiará a las primeras hectáreas.
