La nueva Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor el 16 de diciembre, es una reforma que introduce unas nuevas reglas de juego en las relaciones comerciales dentro de la cadena alimentaria para facilitar un reparto de valor más equilibrado entre los distintos eslabones.
La norma beneficia a los productores primarios, agricultores y ganaderos, que son el eslabón más débil de la cadena al introducir el coste efectivo de producción como factor obligatorio en la fijación de los precios en los contratos. La ley supone un importante avance en la transparencia de las relaciones comerciales, al establecer la obligatoriedad de que se realicen por escrito todos aquellos contratos de compra y venta por un precio superior a 1.000 euros y que no se paguen al contado. Además, deberán inscribirse en un Registro Oficial de Contratos.
La venta por encima de los costes de producción entre los distintos operadores se extenderá a lo largo de todos los eslabones: producción, industria y transformación y distribución, hasta llegar al consumidor.
La ley refuerza los mecanismos de control y el régimen sancionador, para lo que designa a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) autoridad nacional de ejecución que tendrá que coordinar las tareas inspectoras con las comunidades autónomas, que tienen competencia en esta materia.
Plan Estratégico de la PAC
Con la presentación formal a la Comisión Europea del Plan Estratégico para la aplicación de la PAC en España, el Ministerio ha culminado un largo proceso de trabajo que se inició hace más de tres años. Entre sus objetivos principales destaca mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas; favorecer el necesario relevo generacional y la incorporación de la mujer; procurar una producción de alimentos más sostenible que consuma menos recursos naturales y preserve la biodiversidad; e impulsar la innovación y la digitalización de la actividad agraria.
Según ha señalado el Ministerio, la nueva PAC será más justa, más social y más sostenible, y contiene un reparto más equilibrado de las ayudas, con una limitación del tope máximo y modulación en el cálculo a partir de un determinado umbral. Además, introduce por primera vez el pago redistributivo para pequeñas y medianas explotaciones.
La principal novedad de la reforma es su impulso a la transformación climática y medioambiental, manteniendo la rentabilidad de las explotaciones, acorde con el compromiso de consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y la hoja de ruta que marca el Pacto Verde Europeo con las estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad en el horizonte de 2030”. El 43 % del presupuesto de las ayudas, considerando ambos pilares de la PAC, está relacionado con esta orientación.
Iniciativas legislativas
En materia legislativa, el MAPA ha subrayado también la aprobación de un decreto con la nueva norma de calidad del aceite de oliva, que establece una serie de requisitos sobre trazabilidad, elaboración y envasado del producto final que “permitirán situar al aceite de oliva español como el de mayor calidad a nivel mundial y con las máximas garantías en todo el proceso de elaboración”.
Igualmente se ha aprobado otro decreto con nuevas normas de comercialización del aceite de oliva que permitirá la retirada de producto en aquellas campañas en las que se produzca un exceso de producción que pueda causar perturbaciones.
A su vez, una de las líneas estratégicas de la política del MAPA es el apoyo a la contratación de seguros agrarios, para lo que el Gobierno acaba de aprobar un nuevo plan para 2022 dotado con 256,7 millones de euros, 3 millones más que en el año 2021.
Fondos europeos de recuperación
A lo largo del año 2021, el MAPA ha movilizado 406,5 millones de euros del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que le corresponde gestionar y que tiene un presupuesto global de 1.051 millones de euros.
Más de la mitad del dinero movilizado en este año, 260 millones, corresponden a la primera fase del programa de modernización de regadíos, que ejecuta la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa). El presupuesto total del PRTR para este capítulo principal es de 561 millones de euros, que permitirán modernizar más de 100.000 hectáreas de regadíos en el conjunto del país en los próximos años.
Asimismo, el Ministerio ha distribuido entre las Comunidades Autónomas más de 115 millones de euros para inversiones en distintas líneas de ayudas contempladas en el PRTR. De ellos, 102 millones corresponden a agricultura de precisión, eficiencia energética, fomento de economía circular y energías y gases renovables.
Además se ha puesto en marcha la línea de apoyo a la digitalización del sector agroalimentario, para lo que el MAPA ha transferido 10 millones de euros a la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), destinados a la concesión de créditos a pymes agroalimentarias para financiar proyectos innovadores.
