Una de las medidas que generará mayor impacto, según el responsable del Departamento de Derecho Alimentario de AINIA, José María Ferrer, será la futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que pretende lograr una gestión más eficiente de los recursos. Promoverá, entre otras cuestiones, la donación, el fomento del consumo responsable de alimentos y la puesta en marcha de medidas que sensibilicen e informen a toda la sociedad de la importancia y la necesidad de combatir este problema para a su vez aprovecha mejor el esfuerzo de agricultores, ganaderos y pescadores. “Confiamos en que la veamos publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante el primer semestre de 2023”, ha señalado este experto.
Los contaminantes y su control en los productos alimentarios verán una nueva legislación que actualiza el Reglamento 1881/2006, tras 16 años de vigencia ha llegado el momento de su derogación y actualización. La nueva disposición tendrá en cuenta la experiencia adquirida para mejorar la comprensión de esta legislación y apoyarse en la regulación sobre límites máximos de residuos (Reglamento 396/2005), es particular en cuanto a las definiciones de las categorías.
En el caso de los materiales en contacto con los alimentos, “veremos una nueva modificación del Reglamento 10/2011 para incorporar los últimos dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) sobre nuevas sustancias que pueden utilizarse en materiales en contacto con alimentos (MCA), así como sobre los usos de sustancias ya autorizadas”, ha apuntado el responsable de AINIA.
Por su parte, el proyecto Real Decreto por el que se establecen normas de desarrollo de los artículos 40 y 41 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos dará continuidad a la legislación sobre seguridad alimentaria y nutrición para fomentar la alimentación saludable y sostenible en centros educativos y establecer criterios de calidad nutricional y de sostenibilidad en los productos alimenticios facilitados en los colegios.
Los controles oficiales de los alimentos, en el más amplio sentido de la expresión, verán actualizada su legislación para desarrollar los criterios previstos en la legislación comunitaria (Reglamento (UE) 2017/625). Para José Maria Ferrer, es especialmente relevante la actualización de la normativa vigente contenida en el Real Decreto 1945/1983 sobre las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Respecto a los coadyuvantes tecnológicos, “nos gustaría ver publicado el Real Decreto sobre coadyuvantes tecnológicos utilizados en los procesos de elaboración y obtención de alimentos destinados al consumo humano en 2023”, ha afirmado este experto, al tiempo que “se trata de una propuesta fundamental para dar mayor seguridad jurídica en la aplicación los coadyuvantes tecnológicos que se encuentran autorizados de manera muy dispersa en varias disposiciones nacionales con la consiguiente dificultad para su comprensión y aplicación por parte de los operadores”. "Si por fin se aprueba el proyecto, podremos contar con legislación actualizada y una lista positiva de coadyuvantes tecnológicos y sus especificaciones técnicas”, según Ferrer.
En el caso del proyecto sobre el Real Decreto por el que se regula la utilización voluntaria del sistema de etiquetado nutricional frontal en los alimentos, “tenemos dudas sobre si finalmente saldrá adelante o veremos antes la aprobación de legislación en esta materia por parte de la Comisión Europea para fijar la situación en lo referido al etiquetado nutricional frontal en los alimentos”, han indicado desde el Departamento de Derecho Alimentario de AINIA, al tiempo que han precisado que, en cualquier caso, es previsible que haya novedades en 2023, ya sea desde el ámbito nacional o el comunitario.
