Planas ha señalado que la consecuencia más significativa de la sequía es la menor producción de alimentos, tanto en los cultivos de secano como en los regadíos. En el caso del aceite de oliva, ha indicado que la disminución ha sido “muy notable”, ya que si la campaña media roza los 1,4 millones de toneladas, la de este año ha rondado las 663.000 toneladas. “Esto ha provocado un incremento significativo del precio del aceite”, ha añadido.
Para el Gobierno, la evolución de la situación climática en las próximas semanas será determinante para la nueva campaña de aceite de oliva, que comenzará el 1 de octubre.
En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han presentado al Consejo de Ministros el Informe sobre la Gestión de la Sequía en 2023 del que se desprende que el año hidrológico 2022/23 está teniendo un carácter globalmente seco en el conjunto de España: el 14,6% del territorio nacional está en emergencia por escasez de agua y el 27,4%, en alerta, debido a que la precipitación media global se sitúa un 17,1% por debajo del valor normal de referencia de los mismos meses del periodo de referencia 1991-2020.
Como consecuencia, la reserva en los embalses ha disminuido considerablemente en los últimos diez años. Los datos, a 12 de septiembre, muestran que los umbrales están especialmente bajos: la reserva hídrica española se encuentra al 37% con 20.734 hm3 acumulados, siendo las cuentas del Guadalquivir (19,1%) y las internas de Cataluña (23,3%) las que atraviesan una situación más grave. La DANA, según el Gobierno, ha supuesto un alivio en algunas zonas, ha mejorado la humedad del suelo y ha servido para recuperar cierto volumen de almacenamiento, sin embargo, no ha solucionado los problemas existentes.
Inversiones en agua
Según el Gobierno, la emergencia climática causa sequías cada vez más frecuentes e intensas y España está en una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con otros Estados Miembro de la Unión Europea. Esto requiere, a su juicio, una respuesta "robusta y eficaz" por parte de las autoridades en la que la inversión pública se revela como pieza clave.
Consciente de esta necesidad, en el marco de los Planes Hidrológicos 2022-2027 el Ejecutivo prevé una inversión de 11.839 millones para impulsar la desalación y la reutilización, así como la eficiencia en el uso del recurso, a través de la mejora de las conducciones e infraestructuras de regulación. A esta dotación se suman, además, 3.060 millones del PERTE de digitalización del agua, que impulsa el uso de nuevas tecnologías y Big Data y supondrá un avance cualitativo en la gestión del agua y las sequías.
Indemnizaciones seguros agrarios
Respecto a los seguros agrarios, el Gobierno ha recordado que la sequía está contemplada dentro de los seguros agrarios en la gran mayoría de los cultivos que se desarrollan en secano: herbáceos extensivos (cereales, leguminosas, girasol), uva de vinificación, olivar, almendro, remolacha azucarera y algunos cultivos forrajeros.
Con la proliferación de fenómenos climatológicos adversos, el Ejecutivo ha considerado que 2023 va a ser el año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario. Se estima que las indemnizaciones sobrepasarán en el conjunto del año los 1.000 millones. De esta cantidad, 460 millones se destinarán a cultivos siniestrados por la sequía, de los que en el mes de agosto se habían abonado ya más del 90%.
Medidas adoptadas
Asimismo, el Gobierno ha precisado que ha arbitrado un paquete de medidas para ayudar a agricultores y ganaderos a afrontar las consecuencias de la sequía y las derivadas de la guerra en Ucrania. En este sentido, se ha referido al Real Decreto-ley 4/2023, que incluía ayudas directas por importe de 636,7 millones (355 millones para los sectores ganaderos cárnico y lechero; 276,7 millones para la agricultura; y 5 millones para la apicultura).
A este montante se suman los 81 millones asignados por la Comisión Europea del fondo de reserva de crisis, conseguidos a petición de España junto a Francia y Portugal y apoyado por el resto de Estados Miembro. El MAPA ha activado los mecanismos para el pago de estas ayudas, que podrán efectuarse en octubre.
Este real decreto incluía también la ampliación en 40,8 millones de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios, que se sitúa ya en 358 millones.
Además, se amplió en 20 millones la dotación de la línea ICO-MAPA-SAECA para facilitar el acceso a la financiación en condiciones favorables a los sectores agrario y pesquero. Igualmente, se amplió en 3 millones la línea de ayuda a la financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
El decreto de sequía contemplaba también medidas fiscales, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles a las explotaciones agrarias que sufran en este ejercicio una pérdida del rendimiento bruto de al menos el 20%.
