Desde Andalucía, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado que la Junta comprende la “preocupación” existente entre agricultores y ganaderos y ha asegurado que el Gobierno andaluz exigirá “una respuesta firme” al Ejecutivo central. “Desde la Junta entendemos el temor de agricultores y ganaderos y vamos a exigir al Gobierno de España que, ante esta nueva situación, haga lo posible y lo imposible por hacer valer cláusulas de salvaguarda que eviten perturbación en los mercados”, ha afirmado.
En concreto, el consejero ha reclamado “que se prohíban importaciones o ayudas a sectores afectados, que haya reciprocidad en las exigencias normativas (sanitarias, ambientales y laborales) y que se refuercen los controles en frontera para garantizar el cumplimiento de esos acuerdos”.
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía lamenta que, tras casi 30 años de negociación, se haya alcanzado un acuerdo comercial "de espalda a los intereses de agricultores, ganaderos e industrias cooperativas andaluzas". Ahora, con el nuevo tratado y la liberalización de los aranceles, “el sector tiene que hacer frente a otra zancadilla más, como la apertura de puertas a alimentos con productos que llevan años prohibidos en la Unión Europea, provocando una competencia desleal, creando desconfianza en los consumidores, quienes tendrán que elegir entre alimentos producidos a costes muy distintos, haciendo menos competitiva la agricultura y la ganadería andaluzas y poniendo en riesgo muchas explotaciones que ya están al límite”, ha señalado el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi.
Según esta organización, para el aceite de oliva español, el acuerdo contempla la eliminación de aranceles de forma progresiva en 15 años (actualmente tiene un arancel del 10%) y en el caso de las dos principales partidas de aceitunas de mesa españolas más exportadas a Mercosur no se libran de pagar aranceles y seguirán grabadas; al igual ocurre con el vino a granel. Por tanto, “aunque aún se desconoce mucha letra pequeña, a priori, no vemos motivos para celebrar el acuerdo ni para defenderlo en los términos que sostiene la Comisión Europea y que han llevado a España a votar favorablemente”, ha señalado.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha insistido en que la organización no rechaza los acuerdos comerciales, pero sí aquellos que se firman sin igualdad de condiciones. “Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera. Si no, estamos ante una competencia claramente desleal”, ha señalado.
La organización ha considerado que esta decisión pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones, especialmente en sectores sensibles como la carne de vacuno, el azúcar, la remolacha, los cítricos o la ganadería extensiva. Asaja ha recordado, además, que incluso los sectores que podrían verse beneficiados, como el aceite de oliva o el vino, no podrán aprovechar el acuerdo a corto plazo, debido a largos periodos transitorios antes de la plena liberalización.
Por su parte, COAG-Andalucía ha mostrado su frontal rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur por considerar que pone en riesgo la soberanía alimentaria, la seguridad de los consumidores y la viabilidad del campo europeo, con un impacto económico positivo “mínimo” frente a consecuencias sociales y estratégicas de enorme calado.
Esta organización ha insistido en que las consecuencias no recaerán solo en agricultores y ganaderos, sino directamente en los ciudadanos. “Esto tiene repercusiones gravísimas, como perder la capacidad de alimentar a nuestra población día a día y ser dependientes de países terceros”, ha explicado, añadiendo que el acuerdo abre la puerta a la entrada de productos que no cumplen los mismos estándares de calidad, sanitarios y medioambientales exigidos a los productores europeos.
Aunque UPA ha criticado el “poco diálogo y la poca transparencia” durante el proceso de redacción del Acuerdo UE-Mercosur, que se ha prolongado durante años, la organización agraria ha afirmado que en los últimos meses se han producido “avances importantes” y ha destacado que se abre un camino de oportunidades para algunas de las producciones más importantes en España como el aceite de oliva.
A su juicio, las cláusulas de salvaguardia serán “mucho más estrictas” y tendrán que ser más ágiles y eficaces en su activación y cumplimiento para evitar caídas de precios de las producciones europeas frente a posibles perturbaciones del mercado. También ha añadido que se ha conseguido elevar la reciprocidad, ya que no se va a permitir la importación de productos los plaguicidas considerados peligrosos y se va a establecer el nivel de “residuo cero” para algunas materias activas.
