Las organizaciones convocantes -Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- destacaron que el sector del olivar está en un momento crítico, con unos precios percibidos por los agricultores “completamente hundidos”. Así, según señalaron, se ha experimentado una caída de un 44% del precio en origen del aceite de oliva durante el último año, pasando de 3,53 euros/kg. en junio de 2018 a cotizaciones inferiores a los 2 euros/kg. en la actualidad, claramente por debajo de los costes de producción, que se sitúan en unos 2,75 euros/kg.
Según los organizadores, “las reglas del juego favorecen a especuladores e intermediarios, que hunden las cotizaciones del aceite destruyendo valor a lo largo de la cadena de valor del aceite”. Por ello, los agricultores demandan la activación de los mecanismos existentes, pero también una revisión y reforma completa de los mismos, endureciendo las normas para proteger “a los que lo hacen bien, a los agricultores del olivar tradicional”.
Entre sus principales reivindicaciones destaca la solicitud de precios justos para un olivar vivo; la revisión completa del sistema de almacenamiento privado, con actualización inmediata de los precios de desencadenamiento que tengan en cuenta los costes de producción; el establecimiento de normas de autorregulación del mercado con carácter obligatorio para todo el sector; y que la PAC asegure el mantenimiento del olivar y el relevo generacional.
También reclamaron medidas de apoyo para los olivares con mayores dificultades; perseguir las actuaciones que provocan una banalización del aceite de oliva y su utilización como producto reclamo; y promover un mejor conocimiento de las calidades del aceite de oliva por parte del consumidor.
Asimismo, abogaron por legislar de manera “clara y contundente” para acabar con la venta a pérdidas; perseguir actuaciones que vulneren las normas de competencia y mejorar la transparencia en la formación de precios del aceite; apoyar la concentración y el asociacionismo para mejorar el valor añadido obtenido por los productores; y asegurar por parte de las administraciones la trazabilidad y la calidad del producto ofrecida por los productores y preservar el prestigio del aceite de oliva español reconocido sobradamente por su alta calidad a nivel mundial.
