El Ministerio aseguró que atiende de esta manera la decisión tomada por el Observatorio en su anterior reunión de retomar la realización de estos estudios, que se llevaron a cabo entre 2007 y 2014, ya que "son una herramienta muy útil para obtener información fiable sobre la formación de precios en la cadena alimentaria y poder evaluar posibles distorsiones".
Durante la reunión, Miranda informó sobre las actuaciones que ha realizado el Ministerio para conseguir un reparto más justo del valor a lo largo de la cadena alimentaria. Para ello, el Gobierno ha promovido la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, en dos fases: mediante el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, convalidado por el Congreso el pasado 25 de marzo, y a través de un anteproyecto de ley que incorporará la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, y que actualmente se encuentra en fase de consulta pública, previo al envío del texto del anteproyecto de ley al Consejo de Ministros y posterior remisión a las Cortes.
Miranda apuntó que en este anteproyecto se van a incorporar medidas de gran calado, como la prohibición de nuevas prácticas comerciales abusivas, que "supondrá un importante avance en la lucha contra los elementos distorsionadores de la cadena agroalimentaria".
Precios
Por otro lado, el secretario general de Agricultura y Alimentación indicó que el MAPA está realizando un seguimiento pormenorizado de la evolución de los precios al consumo de una amplia gama de alimentos, tanto en el mercado mayorista (Mercas) como en los puntos de venta al consumidor.
Según los datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio, desde la semana 11, previa a la declaración del estado de alarma, hasta la última semana de la que se dispone de datos, la semana 16, "no se han observado movimientos que puedan indicar la existencia de operaciones especulativas que provoquen incrementos de precios anómalos, frente a lo que el Ministerio permanece vigilante", aseguró.
Además, hizo referencia al Índice de Precios al Consumo de la alimentación del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de marzo, que apenas varió el 0,1% frente a febrero, así como a la información facilitada por la distribución alimentaria.
Miranda señaló que todos los agentes de la cadena alimentaria han tenido que soportar mayores costes debido a la crisis sanitaria del COVID-19, como la adquisición de equipos de protección individual, adaptación de nuevos requisitos higiénico-sanitarios en los centros de acondicionamiento y manipulación de los producción, así como en los puntos de venta, sin que estos costes se hayan trasladado de manera significativa a los precios finales al consumo.
"La cadena alimentaria ha funcionado en su conjunto en el curso de una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado nuestra sociedad y el mundo en su conjunto, garantizando el suministro de alimentos en todo momento en calidad, cantidad y sin que se produzcan perturbaciones en los precios", afirmó.
