Expertos en fraude alimentario abordarán aspectos clave como las principales amenazas a las que están expuestas las empresas alimentarias, la interpretación del marco legal sobre fraude alimentario en España y la Unión Europea (UE), el funcionamiento de la Red Europea de Fraude Alimentario, las sanciones de fraude alimentario, los principales métodos de análisis para detectar situaciones fraudulentas, así como el desarrollo de un plan de control de fraude y los últimos avances tecnológicos para conseguir una trazabilidad más global y automatizada.
El evento es una oportunidad para reunir a todas las partes interesadas para examinar cuestiones actuales relacionadas con la autenticidad e integridad de los alimentos, las implicaciones para la salud pública y las estrategias efectivas de control de la prevención. Contará con un potente programa y destacados expertos como Javier Ruiz-Santaella, destacado analista del área de inteligencia de la Unidad de Alertas, Trazabilidad y Comités (D.G. SANTÈ) de la Comisión Europea; Miquel Bonet, Regulatory Affairs Iberian Region Nestlé; Mª Teresa Martín Tapia, coordinadora del área de laboratorios agroalimentarios, laboratorio arbitral del MAPAMA; y Vicent Yusá, director general de Salud Pública de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.
El sector agroalimentario, a pesar de ofrecer más garantías de seguridad y calidad que nunca, es el gran perjudicado por el fraude alimentario, puesto que afecta a su reputación e influye en la confianza de los consumidores. Según el Food Fraud Report de la Unión Europea, en 2016 se produjeron 156 casos de fraude, la mayoría de ellos relacionados con importaciones ilegales, no declaradas o no conformes con la documentación exigida en la UE; así como con etiquetado incorrecto o composición no acorde con la regulación de la Unión Europea.
En este sentido, la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI), un consorcio global impulsado por la industria para promover la seguridad alimentaria, ha establecido recientemente entre las medidas para combatir el fraude, que las empresas certificadas bajo normas de seguridad alimentaria (IFS Food, BRC Global Standard y FSSC22000) deben realizar una evaluación de vulnerabilidad de fraude alimentario y desarrollar un plan de mitigación para controlar cualquier riesgo.
