Por ello, estas organizaciones han manifestado ya que de no retirarse el Real Decreto, una vez la situación sanitaria lo permita, los tractores volverán a salir a la calle para reclamar una Política Agraria Común (PAC) justa con el sector agroalimentario andaluz.
En la misiva, ltrasladan su rechazo al tratamiento que el sector agrario andaluz recibe en la nueva PAC que arranca en el período transitorio 2021-2022 y que servirá de base al Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023.
También recuerdan que en el marco actual 2014-2020 se reconoció la diversidad productiva andaluza y española mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda definidas en atención a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los agricultores y ganaderos. A su vez, se implantó un sistema de convergencia, que aproximaba el valor de los derechos de pago de los productores integrados en una misma región de forma moderada, paulatina y con limitación en su impacto sobre la renta individual de los agricultores y ganaderos afectados.
Sin embargo, para los próximos años, el principal objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) pasa, a su juicio, "por reducir el número de regiones y por impulsar un modelo en el que todas las hectáreas cobrarán igual para finalizar eliminando los derechos nominativos de los agricultores y permitiendo la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido. Esto supondría, en el peor de los escenarios, una pérdida de alrededor del 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de 232.000 perceptores andaluces (34% del total español)".
Además, en plena elaboración del citado Plan Estratégico de la PAC, el Ministerio ha publicado el Real Decreto 41/2021, una normativa que, en su opinión, "acelera la convergencia desde este mismo año y más allá de lo exigido por la Comisión Europea, y que se ha preparado obviando las advertencias del sector, que la rechaza de forma unánime".
Al respecto, creen que "mermará de forma importante la renta de una tercera parte de los agricultores y ganaderos andaluces (80.000 perderán al menos el 10% en dos años). Las 40.000 personas más perjudicadas, que han generado derechos más altos por haber invertido en mejoras tecnológicas y formación para producir más y generar empleo y riqueza, pierden entre el 20% y el 50%". Asimismo, señalan que "por primera vez en la historia de la PAC se define un tránsito no paulatino, que impedirá que muchos profesionales tengan tiempo de adaptarse a los cambios, redimensionar sus explotaciones y/o reorientar sus producciones".
Por ello, las organizaciones solicitan a los ayuntamientos que "se unan al rechazo al Real Decreto de convergencia, por ser innecesario, porque condiciona el futuro de muchos andaluces y porque determina las negociaciones de cara a la nueva PAC"; que pidan al MAPA su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se había acordado para el período actual; y que brinden su apoyo al complejo agroalimentario andaluz de cara a la nueva política comunitaria, persiguiendo la elaboración de un Plan Estratégico que permita cumplir con las directrices europeas respetando su diversidad productiva.
