El hueco que dejan las cinco explotaciones familiares que cierran cada día en España no lo quiere o no lo puede ocupar gente que viva, críe y gaste sus ingresos en los pueblos. También sería importante conocer que gran parte de esos abandonos pasan a manos de otras personas, que necesitan extensiones cada vez mayores y más industrializadas para mantener la rentabilidad. Además, cuanto más fértiles sean, más probable es que esas personas que van acumulando tierra, agua y producción sean personas jurídicas y no físicas. También será más probable que no habiten ni dejen demasiado de sus grandes beneficios en el territorio que los genera. Muchas personas, si pudieran saber todo esto cuando van a la compra, entenderían perfectamente que el panorama descrito no favorece para nada el relevo generacional en el campo. Y si tuvieran acceso a una opción que si lo hiciera seguro elegirían esta última. Vamos en camino, pero es un proceso lento para una empresa que necesita rentabilizar cada año.
"Una mayor autonomía de gestión de la empresa y de la producción en campo supone una mayor probabilidad de éxito"
Independientemente de que esta mayor conciencia social sea todavía minoritaria, las principales conclusiones de nuestro estudio "El camino hacia el empleo agrario en los Sistemas Agroalimentarios Territorializados" nos llevarían a recomendar a una persona que quisiera iniciar una actividad profesional en el campo que lo hiciera desde enfoques que le ofrezcan un mayor poder de decisión empresarial que el que tienen la mayoría de empresarios agrarios a día de hoy. Utilizando un sistema de cultivo que maximice la captación y retención de agua, sol y materia orgánica (que no son otra cosa que energía productiva que no depende de los precios del gas y el petróleo sino de un suelo rico en microorganismos sanos y diversos); aplicando ciencia y tecnología para maximizar la vida y sus complejas interacciones en el sistema agrario; y vendiendo lo más cercano y directo posible al consumidor final.
Una mayor autonomía de gestión de la empresa y de la producción en campo supone una mayor probabilidad de éxito para esa persona que quiere vivir en un pueblo produciendo, por ejemplo, aceite de oliva. No queremos decir con ello que lo vaya a tener fácil, pero a no ser que se trate de una de esas personas jurídicas de gran tonelaje financiero, más le valdría no entrar en la inercia de deuda, costes altos y precios bajos. Y es que ni siquiera el compromiso y buen hacer del sector primario en la pandemia y el gran momento de aprecio social hacia él parecen cambiar ese tridente de ruina. Más bien, parecen haber salido reforzados los mecanismos de dominación vertical en la cadena alimentaria. No obstante, también hay que decirle a esa persona que para huir del tridente deberá asumir esfuerzos adicionales que le permitan abrir canales comerciales de confianza y acortar, poco a poco y en la medida de lo posible, la distancia entre su olivar y las personas que consumen el aceite.
Pensando en personas “normales”, es muy complicado asumir en solitario semejante tarea e inversión. Producir las aceitunas, molerlas, y además venderlas y distribuirlas. Las valiosas cooperativas agrarias tradicionales tienen en este hecho su razón de ser, aunque no siempre son la elección de las pocas personas que deciden emprender, ya sea por relevo familiar o sean nuevas entrantes (esto último muy complicado en olivar, salvo posibles acuerdos entre propiedad y emprendedor/a). Cabría preguntarse si la gobernanza de estas cooperativas no puede tener, en algunos casos, un cierto efecto de tapón generacional o de marginación de los socios más pequeños, evitando la entrada de frescura e innovación en la toma de decisiones estratégicas. Y más todavía excluyendo a las mujeres con todo lo que implica una masculinización sectorial tan acentuada.
"La necesidad de evitar la dependencia de las subvenciones pasaría por diversificar el olivar con otros usos"
Pero experiencias asentadas como S.A.T Ecomatarranya son un ejemplo de cómo tres jóvenes pudieron hace 10 años quedarse en sus pueblos de Teruel cultivando unas 290 hectáreas de olivar de inmenso valor ecológico y social. Venden el 100% de su producción directamente a una fiel clientela que a menudo conoce sus nombres. Aunque producen un 25% menos que sus vecinos convencionales, manejan las mismas hectáreas. Reciben burlas en el bar por que sus tractores hacen la mitad de horas al año. Tractores que les duran hasta tres veces más que a sus vecinos. ¿Para quién trabaja cada uno? ¿Dónde vive el que vende los tractores y el que los fabrica? Ahora con los precios que lleva el gasoil no sé quién se estará riendo más, ni si los costes adicionales hacen que ese 25% valga la pena. El compost que hacen con gallinaza y hojas de la sopladora poco a poco va aumentando la capacidad de retención de agua de la tierra, que pronto necesitará un 20% menos de agua para producir los mismos kilos. Al paso que vamos, tampoco ésto será motivo de burla en el bar de Calaceite, Beceite o Valdealgorfa.
Desde luego son un ejemplo pequeño y no extrapolable a otros contextos, pero también empezaron cuando estos temas no estaban de moda. Hoy, cabe esperar una mayor demanda de alimentos saludables para nuestro cuerpo, pero también para nuestros territorios.
La experiencia de Apadrinaunolivo.org, también en Teruel, parece indicar que con una estrategia de marketing y comunicación adecuadas es posible activar esa conciencia en la gente y traducirla en intención de compra responsable. Hoy es más fácil encontrar a un cliente que valore todo esto que cuando Ecomatarranya empezó, aunque una transición hacia modelos productivos y de comercialización más amables para el relevo generacional no puede imaginarse como algo que ocurre de la noche a la mañana. Es necesario establecer una hoja de ruta progresiva, innovadora y bien fundada para acometer un cambio así.
La necesidad de evitar la dependencia de las subvenciones (actualmente de en torno al 55% también para Ecomatarranya) pasaría por diversificar el olivar con otros usos (agro ganaderos, lúdicos o forestales según cada caso) y está todavía lejos. Mientras tanto los poderes públicos deberían valorar cómo están influyendo en el relevo generacional esos 114 euros que paga cada contribuyente europeo al año para mantener vivo el campo. Plantearse qué modelos de negocio agrario tienen más beneficios públicos y condicionar la subvención a ello, como se hace en el resto de subvenciones. Y el relevo generacional y el empleo de calidad y arraigado al territorio rural, sin duda son bienes públicos.
