Planas precisó que España y Portugal han presentado a la Comisión Europea un documento que recoge algunas propuestas concretas para paliar los efectos de la sequía en la rentabilidad de las explotaciones. Así, indicó que España solicitará el aumento del porcentaje del anticipo de los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) del año 2022, la introducción de excepciones en la práctica de diversificación de cultivos, la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan conceder ayudas a los productores más afectados, a través de los fondos para el desarrollo rural, o activar, si fuera necesario, algunas de las medidas previstas en la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA).
Asimismo, el Ministro valoró que la CE se haya mostrado dispuesta a analizar algunas de estas medidas como, por ejemplo, incrementar el anticipo de las ayudas o activar causas de fuerza mayor.
El titular de Agricultura precisó que, en lo que llevamos de año hidrológico -de octubre 2021 a febrero 2022-, la pluviometría ha descendido de forma significativa y que ante la previsiones de escasez de precipitaciones en los próximos meses, el Ministerio convocará la denominada Mesa de la Sequía “para analizar la situación con el conjunto del sector y las Comunidades Autónomas y plantear posibles medidas que se sumen a las solicitadas a nivel europeo”.
Entre otros asuntos, el Consejo también abordó la reciprocidad de los acuerdos comerciales con países terceros, en línea con las condiciones de sostenibilidad que introduce el Pacto Verde para los agricultores europeos. A este respecto, Planas recalcó que España defiende el multilateralismo en el comercio internacional, basado en reglas, abierto, transparente y con acuerdos comerciales estables.
Según puntualizó, España comparte con la Presidencia francesa la necesidad de adoptar determinadas medidas para hacer compatible el comercio internacional con los altos estándares ambientales de las producciones europeas, con medidas como la reducción del límite máximo de residuos de fitosanitarios, la disminución de los límites de tolerancia o la adaptación de los acuerdos con países terceros a las reglas comunitarias (conocidas como “cláusulas espejo”).
La defensa de la reciprocidad es una prioridad política para España, ya que la importación de productos con estándares ambientales inferiores a los europeos puede neutralizar los beneficios ambientales que se buscan, además de ocasionar perjuicios sociales y económicos, según Planas.
