A través de esta extensión de norma, Interaceituna pretende continuar trabajando para hacer frente a la complicada situación en la que se encuentra inmerso el sector de la aceituna de mesa en España debido a una serie de problemas de carácter estructural y coyuntural.
Entre estos problemas destaca la fuerte presión ejercida por la gran distribución; la necesidad de mecanizar la producción para aumentar la competitividad; el incremento de costes reciente; el estancamiento de las exportaciones; el desconocimiento por parte del consumidor de las propiedades y atributos, variedades formas de presentación de la aceituna de mesa, la calidad del producto y las diferentes formas de consumirlo; la ralentización del consumo; y las políticas proteccionistas llevadas a cabo por algunos países que están provocando guerras comerciales.
También se ha referido a la atomización del sector; al hecho de no contar con los beneficios del aceite de oliva en la PAC; a la amenaza de productores de terceros países que comienzan a tener una actividad de exportación relevante basada en sus menores costes de producción y en ventajas arancelarias; a los desequilibrios entre la oferta y la demanda; y a la necesidad de adaptación del sector a las exigencias del consumidor en materia de sostenibilidad medioambiental.
Una vez entrada en vigor la norma, desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2027, la aportación obligatoria será de 5,1 euros por tonelada de aceituna de mesa destinada al mercado, para consumo directo o uso industrial, correspondiendo 1,7 euros por tonelada al productor (peso de aceituna cruda), 1,7 euros por tonelada al entamador (peso de aceituna cruda que entre en la entamadora) y 1,7 euros por tonelada al envasador (peso de aceituna entera escurrida que entra en la envasadora) cuyo producto se destine tanto a consumidor final como a industria, ya sea en el mercado interior o exterior.
Las alegaciones que se estimen oportunas podrán formularse en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el BOE, que fue el pasado 28 de febrero.
