Según ha subrayado, los graneles permanecen en las cisternas a la fuerza, lo que impide a los cooperativistas cumplir los contratos firmados con las empresas de cualquier índole de la distribución. Además, el aceite envasado vendido por Internet tampoco llega al consumidor particular.
Castellano ha advertido de la incertidumbre que planea sobre un sector “de por sí volátil por la paralización de centenares de miles de toneladas en las cisternas, cuya salida de cooperativas y almazaras bloquean los camioneros, lo que convierte al aceite de oliva en una de las víctimas colaterales más perjudicadas por el conflicto”.
Asimismo, numerosas empresas y cooperativas han tenido que interrumpir sus procesos de fabricación y se han visto obligadas a cerrar temporalmente sus plantas ante la falta de suministro, como es el caso de Dcoop, Jaencoop o Agrosevilla, según han informado las asociaciones que integran la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo -AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agro-Alimentarias y FIAB-, que han alertado de que la situación es “insostenible” y han instado a acabar inmediatamente con un conflicto que “está teniendo elevados costes para la economía y el conjunto de la sociedad”.
Estas asociaciones han considerado “inaplazable poner fin a esta situación que está poniendo en claro riesgo el abastecimiento de productos, así como la continuidad de miles de negocios y empleos”.
En este sentido, han recalcado que el paro está teniendo un gran impacto en toda la cadena alimentaria -sector primario, industria, transporte y distribución-, provocando graves daños económicos, la paralización y el cierre de fábricas, poniendo en peligro más de 100.000 puestos de trabajo.
Ante esta situación, según han asegurado, las empresas de distribución trabajan para adaptar su surtido, tratando de reemplazar aquellos productos que no están llegando al punto de venta por otras alternativas, con el fin de que el consumidor pueda realizar su compra con la mayor normalidad posible.
Por ello, estas asociaciones han reclamado al Gobierno “una intervención urgente en un conflicto que se ha convertido en un problema de Estado con un impacto sobre la economía y los ciudadanos que no admite demora”.
A su vez, han solicitado que se garantice la seguridad y el derecho a trabajar de los transportistas que no quieren sumarse al paro, y que quienes lo secundan no coaccionen al resto de los sectores de la cadena ni impidan la libre circulación de mercancías.
De mantenerse el paro, “los daños sobre un sector que aporta a la economía española más de 4,5 millones de empleos y el 20% del PIB pueden ser irreparables”, han concluido.
